El 2 de septiembre de 2011 marcó al país. Portales, radios y todos los canales de televisión informaban una y otra vez sobre lo que no terminaba de creerse: un avión Casa 212 de la Fuerza Aérea de Chile (Fach) había desaparecido cuando se dirigía al archipiélago Juan Fernández.

Entre otras figuras conocidas, en el vuelo viajaban el animador Felipe Camiroaga y el empresario de la Fundación Desafío Levantemos Chile, Felipe Cubillos.

Tras confirmarse la muerte de tripulantes y pasajeros, comenzó una larga batalla por parte de sus familiares, marcada por distintos hitos judiciales. Y quizás el más importante ocurrió a casi 9 años de la tragedia.

En mayo de 2020, la Corte Suprema ordenó pagar una millonaria indemnización por lucro cesante y daño moral a los parientes del fallecido gerente general de Desafío Levantemos Chile, Joaquín Arnolds.

En aquella ocasión, el máximo tribunal resolvió la primera de las causas civiles que llegaron a esta instancia (y que avanzó más rápido al tramitarse en Santiago) y determinó que el Fisco debía entregar 1.286 millones de pesos a la familia de la víctima.

La resolución también permitió fijar el criterio de la Suprema sobre las responsabilidades del accidente, marcando un precedente para el resto de las causas. En el fallo se estableció que "las omisiones, falta de planificación, de rigurosidad y de aplicación de la normativa interna en los momentos previos y coetáneos al vuelo del avión Casa 212, permiten concluir la existencia de una falta de servicio de la demandada".

Además, se determinó que "finalmente, el mando de la Fach también omitió ejercer su deber de fiscalización en el cumplimiento de la normativa obligatoria para estos efectos, como tampoco ejerció control positivo sobre la misión y los medios con que ella se desarrolló".

De esta manera, se echó por tierra las alegaciones del Consejo de Defensa del Estado (CDE), que establecía que el accidente había sido fortuito.

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El grupo que subió al fatídico Casa 212[/caption]

Más indemnizaciones

El 2014, 18 familias presentaron millonarias demandas en una serie de acciones legales que fueron analizadas en el 3º Juzgado Civil de Valparaíso. Cuatro años más tarde, el 16 de noviembre de 2018, la jueza Andrea Santander decidió rechazar las acciones indemnizatorias, sin costas, por haber existido motivo plausible para litigar.

Sin embargo, el 12 de julio de este año, la Primera Sala del tribunal de alzada acogió los recursos presentados por los demandantes en contra de la sentencia, consistente en informes y certificados psicológicos, además de testimonios de los afectados.

Y si bien los familiares exigían al Estado de Chile ser compensados con un total de $22.475.011.674, finalmente, se resolvió que cada uno de los 46 demandantes reciba 150 millones de pesos ($6.900.000.000 millones de pesos) por daño moral.

Esto, aludiendo a "todas aquellas actividades que no podrán realizar con sus cercanos, la ausencia de los mismos en las vidas de sus cónyuges o conviviente, hijos y padres, y los recuerdos que perderán aquellos hijos que por la edad en la que fallecieron sus padres no estaban en condiciones de atesorarlos, lo que con toda seguridad les ha representado y les representará a futuro un perjuicio extrapatrimonial que debe ser indemnizado".

En tanto, por concepto de lucro cesante, el fallo ordena que el Fisco pague 1.627 millones de pesos a 20 de los demandantes en vista de que "han sufrido no sólo una aflicción y dolor, sino que igualmente es posible presumir que sus proyectos familiares se han visto fracturados o alterados de manera relevante".

En el fallo se aclara también que todos los montos deberán ser pagados con los reajustes correspondientes a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor entre la fecha en que esta sentencia quede ejecutoriada y el día de su pago efectivo.

Especial Diez años sin Felipe Camiroaga