Alessandri valoró proyecto de ley que fortalece facultades de directores de colegio

Gobierno anunció que iniciativa permitirá expulsar o cancelar la matrícula de estudiantes.

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, valoró el proyecto de ley que anunció la ministra de Educación, Marcela Cubillos, y que entrega herramientas legales a los directores de los establecimientos educacionales para expulsar o cancelar la matrícula de forma inmediata a aquellos estudiantes que protagonicen hechos graves de violencia.

"Esto es el sentido común puesto por escrito. Este proyecto es una herramienta eficaz que cuenta con el respaldo de los profesores y equipos directivos de cada establecimiento. Queremos que en Santiago se venga a estudiar porque finalmente son los actos de violencia los que terminan generando el retiro de los alumnos. Nosotros queremos devolverle la autoridad a los directores y proteger a la comunidad educativa de los violentistas", dijo el edil.

Esta iniciativa, además, simplifica los procesos de expulsión o cancelación de matrícula según corresponda, debiendo notificar por escrito al estudiante afectado y a sus padres o apoderados.

"Estábamos preocupados porque los manuales de convivencia están superados, ya no son una herramienta efectiva para poder regularizar en debida forma los actos de violencia que hemos visto en nuestros liceos en el último año, por eso este proyecto es importante porque va a permitir expulsar o cancelar la matrícula de forma inmediata a los estudiantes involucrados en estas situaciones y así devolverle la tranquilidad a la comunidad educativa", añadió.

FACULTAD A DIRECTORES

De acuerdo al proyecto, la expulsión o cancelación de matrícula se aplicará a los estudiantes que hubiesen incurrido en alguna de las siguientes causales:

- Uso, posesión, tenencia y almacenaje de armas u otros elementos destinados a causar daño al establecimiento o a los miembros de la comunidad educativa.

-  Envío, activación, lanzamiento o detonación de bombas o artefactos explosivos.

-  Agresiones físicas graves que produzcan lesiones a cualquier miembro de la comunidad educativa, especialmente aquellas realizadas a docentes, asistentes de la educación y manipuladoras de alimentos.

En caso de que el estudiante sea expulsado, corresponderá al MINEDUC, tal como lo establece hoy la ley, velar por su reubicación.

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