El pasado viernes 12 de enero la Fiscalía Metropolitana Sur recibió la denuncia en que Gendarmería alertaba sobre graves amenazas a altos funcionarios, provocando que la institución emitiera un oficio enviado a sus funcionarios respecto al uniforme en la vía pública.

Los afectados por amenazas fueron el ministro de Justicia, Luis Cordero; del director nacional, Sebastián Urra, y de la alcaide de la Cárcel de Alta Seguridad, Fabiola Valladares.

Los hechos ocurrieron en las afueras del Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas).

Sujetos desconocidos lanzaron panfletos con los rostros de las citadas autoridades siendo “apuntadas” por pistolas ni menos que se asegurara que ellos serían los responsables de operaciones del crimen organizado.

“El verdadero crimen organizado lo autoriza el Presidente de la República, ministro de Justicia, director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra Palma, y su peona alcaide, Fabiola Valladares Álvarez”, se leía en los papeles lanzados. Y agregaban: “Si la justicia “legal” no se aplica, ni cesan las torturas, llegará la justicia popular”.

¿De qué trataba el oficio?

Gendarmería de Chile no se tomó a la ligera las amenazas y activó de inmediato las diligencias y contingentes de seguridad para los afectados.

El subdirector Operativo de la entidad penitenciaria emitió un oficio donde dispuso una serie de medidas de seguridad y resguardo en el uso del uniforme institucional para el personal. Con el fin de evitar que funcionarios sean blanco de agresiones o amedrentamientos.

La instrucción para el personal de la institución fue “abstenerse de transitar por la vía pública vistiendo uniforme o portando algún distintivo institucional”.

Además se les pide evitar salir al exterior del recinto penitenciario mientras se encuentren de servicio, “salvo que se trate del cumplimiento de una labor propia de su competencia y exigencia”.

El personal que se encuentre en calidad de franco o con permisos estatutarios u otros legalmente establecidos, también deberá abstenerse del uso de uniforme y/o distintivos “que eventualmente pueden poner en riesgo su integridad y la de quienes lo acompañen”.

De igual forma, se hizo presente al personal que deberán abstenerse de utilizar recursos fiscales, tiempo de su jornada laboral, como asimismo el uniforme institucional, para generar y/o publicar en redes sociales información que no se enmarque dentro de actividades propias de la institución. Para evitar exponerse como funcionarios, ya que “podría acarrarle problemas a su persona, como a sus cercanos”.

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