Una peculiar solicitud hizo la División de Prevención y Control de Enfermedades (Diprece) el año pasado: hizo un llamado a licitación por 50 millones de pesos para comenzar un estudio de las fiestas Chemsex, que consisten en “prácticas sexuales que conllevan un alto consumo de drogas y que se realizan en eventos sociales”.

El objetivo de esta investigación era promover medidas de protección y prevención del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, además de conocer el comportamiento de personas que utilizan “drogas sexualizadas”.

Pero el equipo de la Diprece —que forma parte de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud— a cargo de este estudio no solo tenía que observar las fiestas y prácticas, sino también participar de ellas  y entrevistar cara a cara. Así lo reveló un reciente reportaje de La Tercera.

Dentro del Minsal, comenzaron a resonar las desaprobaciones y dudas de seguir esta investigación. Esto fue lo que pasó.

El estudio de la Diprece sobre las fiestas sexuales con drogas

Según relató LT, dentro del Minsal comenzaron los comentarios controvertidos sobre el estudio. Algunos funcionarios habrían afirmado que, pese a no tener la aprobación del comité ético de la cartera, este continuó siendo desarrollado.

Y es que según las bases de la licitación, los investigadores debían “asistir”, “participar” y realizar un “registro total y una descripción densa” de las polémicas fiestas para analizar a los participantes que sean parte de la comunidad LGTBI+ y no binaria.

Los espacios en los que debían realizar las “observaciones microetnográficas” era en fiestas privadas, eventos asociados a circuitos comerciales y locales establecidos que habilitan espacios para encuentros sexuales, como bares, saunas y clubs.

Además, los observadores debían ser pertenecientes  a los colectivos LGBTI+, HSH (hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres) y no binarios. Su rol era ser “actores participantes de las redes, circuitos y espacios donde se practica Chemsex”.

Así es cómo el 20 de julio del 2023, el Centro de Estudios Germina se adjudicó la licitación por $49.763.500 y dio un plazo de 12 meses para realizar el estudio. Pero solo un par de meses después, en noviembre, los encargados del estudio aseguraron que uno de los investigadores fue agredido en las fiestas y que todavía no se inició la revisión ética.

Entonces, en medio de un ambiente tenso por las críticas y dudas, los jefes de división tomaron la decisión de suspender el trabajo hasta que tuvieran la aprobación del comité ético, conformado por académicos de la Universidad de Chile.

“El estudio mencionado no se llevará a cabo. Hoy está en categoría de suspendido”, le aseguró la Subsecretaría de Salud Pública a LT.