Caso Lencería: Fijan plazo de 12 meses para definir si Camila Polizzi es formalizada
El Ministerio Público indaga en una de las aristas más controvertidas del Caso Convenios.
Un plazo de 12 meses tendrá el Ministerio Público para definir el proceso de formalización de Camila Polizzi, la excandidata a convencional y alcaldesa que es imputada por los pagos asociados a la Fundación en Ti, una de las aristas más controvertidas del Caso Convenios.
La medida, determinada por el Juzgado de Garantía de Concepción, se concretó debido a que a Polizzi se le imputan delitos como fraude al fisco, falsificación de documentos y usurpación de personas a través de firmas. A ello también se suma el desvío de fondos y la no ejecución de los programas públicos por los que se obtuvieron$250 millones por parte del Gobierno Regional (GORE) del Bío Bío.
El caso relacionado a Camila Polizzi explotó luego de que un reportaje diese a conocer que la excandidata movió fondos a su entorno a través del “arrendamiento” de la Fundación en Ti y una polémica que involucra a una OTEC en la que participaba su expareja, Sebastián Vivanco.
A grandes rasgos, Polizzi y Vivanco conformaron la Fundación Capital Social, la cual no existía oficialmente, y por ello se utilizó a la otra fundación para ganar la licitación para un programa de mejoramiento urbano en el Barrio Norte de Concepción. Pero, en definitiva, el dueño de la Fundación en Ti terminó reclamando el no pagó del acuerdo para facilitar su firma electrónica y el caso terminó escalando al Gobierno Regional.
El programa aprobado contemplaba varios talleres asociados a la multicancha, que incluían la limpieza de bancas y rejillas, además de la mantención de zona de juegos y máquinas de ejercicios. También se contemplaban tareas de jardinería y pintura de murales. “Sin los vecinos no es posible recuperar los espacios públicos”, planteó en su momento Polizzi sobre la iniciativa.
Todo este caso luego explotó luego de que el exsocio de Vivanco concretase una autodenuncia y revelase que parte de las platas asignadas se utilizaron en la compra de lencería y restaurantes. A raíz de esa situación, todo esto comenzó a ser conocido como el Caso Lencería.
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