Luego que la Policía de Investigaciones lograra dar con su ubicación, el ministro de la Corte Suprema, Carlos Aránguiz, decretó una orden de arresto domiciliario contra el empresario Carlos Cardoen, junto con fijar un plazo de dos meses para que se solicite la extradición desde Estados Unidos.

Cardoen tiene una causa pendiente con el país norteamericano desde 1993, por una denuncia que pesa en su contra por eventual exportación de circonio a Irak, mismo material que se utiliza en la elaboración de bombas de racimo.

Desde entonces, Interpol mantiene una alerta roja contra el empresario, la que se renovó en 2009 y fue extendida nuevamente desde el año 2015 a 2019.