Carlos Baeza Guíñez, abogado y principal lobbista de la industria de los sitios de apuestas en línea, ha recibido pagos que superan los mil millones de pesos por parte del sitio de apuestas Latamwin a través de Inversiones FCW Limitada.

Según un reportaje de Radio BíoBío, y a partir de una denuncia presentada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) contra las empresas de apuestas, los dineros que recibió Baeza fueron entregados entre junio de 2021 y marzo de 2023. Sin embargo, el vínculo aún sigue ya que también vela por los intereses de empresas como Betsson, Betano y Coolbet.

De hecho, el abogado desempeña un papel crucial en la defensa de las casas de apuestas, que en su mayoría son sociedades anónimas extranjeras establecidas en paraísos fiscales y cuyos dueños buscan resguardar sus identidades, concretando más de una decena de reuniones de lobby con varios parlamentarios en el Congreso.

La investigación indica que Baeza se ha reunido con al menos 12 diputados y dos asesores parlamentarios en relación con proyectos de ley destinados a regular la industria de las apuestas en línea y restringir la publicidad de estas plataformas en el deporte, algo que llevó al Ministerio de Justicia a cortar de lleno los lazos con el fútbol profesional

El registro indica que las reuniones de lobby involucraron a parlamentarios como Alejandro Bernales (PL), Gonzalo de la Carrera (Rep), Joaquín Lavín (UDI), Miguel Mellado (RN), Vlado Mirosevic (PL), Frank Sauerbaum (RN), Boris Barrera (PC), Tomás De Rementería (RD), Eric Aedo (DC), Marisela Santibáñez (PC), Andrés Giordano (Ind-FA) y Felipe Camaño (Ind-DC). También ha habido reuniones con los asesores de la diputada Javiera Morales (CS) y el diputado Cristián Tapia (Ind-PPD).

En ese escenario, Baeza ha invocado el secreto profesional para no revelar detalles sobre sus clientes, remarcando que las plataformas que representa son legales y operan en Chile siguiendo la legislación. Asimismo, explicó que el lobby busca “poner a disposición la información respecto de la experiencia internacional regulatoria de la industria de las plataformas de apuestas en línea” para contribuir a la legislación que se discute en Chile. De hecho, puntualizó que también se ha reunido con senadores.

“Los hechos que se describen en las querellas que investiga el Ministerio Público no son constitutivos de delito. Las apuestas en línea no están prohibidas, no se encuentran incluidas dentro de las conductas sancionadas por el Código Penal, que para estos artículos datan de 1874. Es imposible que el legislador hace 150 años hubiera podido imaginar siquiera la posibilidad de una apuesta en línea. Si bien no es una actividad “prohibida”, y así lo ha manifestado el Ministerio Público en múltiples oportunidades; es por cierto una actividad que requiere ser regulada y es precisamente por eso que queremos entregar la mayor cantidad de información sobre la experiencia normativa de otros países″, agregó en conversación con la radio.

Ante ese escenario, el abogado Baeza se limitó a recalcar que los dueños de estas empresas no pueden ser identificados ya que se trata de sociedades anónimas con múltiples accionistas que no residen en Chile y viven en países de Europa como Grecia y Suecia. “Lo importante acá es que los hechos que se describen en las querellas que investiga el Ministerio Público, no son constitutivos de delito”, finalizó.

Consideren que además de Baeza, la denuncia del SII apunta contra otras figuras que han hecho nexos en Chile con las casas de apuestas, incluyendo a Fernando Felicevich a través de la agencia Vibra y la empresa TVO Sport SpA, quienes previamente ganaron un contrato de derechos de explotación de las selecciones nacionales de Chile.

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