Aunque su entorno aseguraba que no era así, desde hace unos meses que el rótulo de la diputada es el de imputada y, a petición de la fiscalía, se accedió a sus teléfonos.
Desde que el pasado mes de junio estalló el escándalo de los convenios entre Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta —que hace unos días tuvo como resultado la formalización de Carlos Contreras y Daniel Andrade— había una certeza: el círculo íntimo de Catalina Pérez advertía que la diputada no era imputada en la causa, sino como mucho una testigo.
Aunque, como recoge La Tercera, un informe de la PDI que data de julio puso en duda de un inicio esa afirmación. “Conforme a las diligencias realizadas durante el transcurso de la presente investigación, existirían antecedentes para configurar el delito de tráfico de influencias entre el exseremi Carlos Contreras Gutiérrez y Daniel Andrade Schwarze, y posiblemente la diputada Catalina Pérez, debido a su relación sentimental entre esta y Andrade Schwarze”, se podía leer entonces.
Las sospechas se volvieron ciertas cuando la Fiscalía solicitó a la policía indagar sus comunicaciones telefónicas:
“Solicito a Ud. practicar las siguientes diligencias: se realice el análisis del tráfico de llamadas del número (...) correspondiente a la imputada diputada Srta. Catalina Pérez Salinas, para determinar comunicaciones con los restantes imputados u otros sujetos de interés en la investigación”, dice un fragmento del documento, que fue firmado el pasado 12 de octubre.
Unos días antes, el fiscal Cristián Aguilar había pedido al Juzgado de Garantía de Antofagasta acceder a dos teléfonos que figuraban como propiedad de Pérez. Entonces, al referirse a ella, aclaró: “Se ha determinado que la H. Diputada Srta. Catalina Pérez Salinas, quien es investigada como imputada (...); vengo en solicitar autorización para solicitar a la empresa ENTEL y MOVISTAR el tráfico de llamadas telefónicas (voz) y el tráfico de datos móviles (internet) de antenas, que fue operado durante el tiempo comprendido entre los días 01 de Mayo de 2022 y el 30 de Junio de 2023″.
Habiéndose dilucidado la calidad de la diputada en la investigación, la Unidad de Lavado de Activos (UAF) reportó operaciones en sus cuentas que levantan sospechas, de modo que se sigue buscando esclarecer su participación en el terremoto que sacudió RD.
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