Durante la tarde de este lunes, el equipo de prensa de Bío Bío Chile publicó un reportaje en el que se informó que el Estado recibió una demanda por $14.000 millones, en la que se acusa la toma ilegal de tierras en el fundo Los Ajos de Tirúa, ubicado en la Región del Bío Bío.

El documento, presentado por el abogado Remberto Valdés en representación de Mauricio Sepúlveda Santelices, expresa que la ocupación del territorio habría iniciado en 1993 y, a pesar de que se querellaron al respecto en aquel momento, su demanda fue rechazada cuatro años después.

Según detallan, se habrían traspasado los títulos de parte del terreno, de los cuales se vendieron 35 hectáreas a CONADI en 2005 y más tarde se adjudicaron como propiedad al colectivo mapuche Anillén, quienes según la facción demandante, luego “procedieron con amenazas y violencia a tomar parte del terreno del Fundo Los Ajos”, para que después otro sector de la zona fuese “usurpado por la comunidad indígena Comilahue”.

Aquello llevó a que, tras una investigación, la Corte de Apelaciones de Concepción fallara a favor del demandante, el padre de Sepúlveda, por lo que se decretó que los demandados debían deshabitar la zona en un periodo de 10 días, una acción que según Valdés, “nunca ocurrió” e incluso, incrementó la violencia en el sector hasta el punto en que su cliente recibió dos disparos en una eventualidad mientras recorría Tirúa.

“La justicia se ha demorado casi 30 años en cumplir con su deber y el Estado de Chile no ha sido exitoso. La familia ha tenido que interponer una docena de querellas criminales”, manifestó el abogado en el documento al que tuvo acceso Bío Bío Chile, mientras que Sepúlveda expresa que “esto no tiene absolutamente nada que ver con la causa de reivindicaciones de tierras mapuches, es un tema netamente judicial” y asegura que aun esperan el desalojo “sin respuesta por parte de la justicia”.