Un estudio elaborado por David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC, midió el impacto de la Ley Uber, logrando conclusiones poco alentadoras.

La Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT) -más conocida como Ley Uber- no recibe más que reparos y críticas, ahora avaladas por un estudio.

Actualmente se encuentra en proceso de revisión -por parte de Contraloría- del reglamento que impone una serie de requisitos a estas plataformas para poder operar en el país.

Según cálculos de Bravo, unos 40 mil los conductores que se verán afectados con esta nueva ley.

¿Cuáles son los requisitos de la Ley Uber?

• Inscripción de los conductores y vehículos en los seis primeros meses de vigencia de la ley.
• Los vehículos deben tener un mínimo de 10 años de antigüedad
• Los vehículos deben contar con una cilindrada de al menos 1,4 litros
• Los conductores deberán contar con una licencia profesional 12 meses después de la entrada en vigencia de la normativa

¿Qué resultados tuvo el estudio?

Los requisitos de la Ley Uber están lejos de ser cumplidos por la totalidad de conductores de aplicaciones móviles.

Es más, a diciembre de 2023 de los 107.500 choferes, solo el 15,5% cumplía con los requisitos de antigüedad, cilindrada y licencia.

El estudio de Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC, recopiló los siguientes datos:

• El 37,2% de los conductores no cumple con el requisito de antigüedad y cilindrada
• 78,3% no cuenta con licencia profesional
• Unos 40 mil los conductores que se verán afectados con esta normativa
• El número de personas afectadas podría aumentar a 51 mil de no sacar la licencia profesional en el plazo de 12 meses

La ley afectará la competencia y la inversión

Uno de los principales problemas que acarrea la Ley Uber para el Economista David Bravo tiene relación con que una vez constituido el registro de conductores, esta se congelará por 18 meses.

“La esencia del trabajo de plataformas requiere que exista flexibilidad para activarse o desactivarse por parte de los conductores” aseguró Bravo, según Emol.

El director, además, recalca la importancia que la medida es razonable en la medida que sea automática.

“Se podría hacer responsable a la EAT de verificar los requisitos y de facilitar los accesos a sus sistemas para la supervisión del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones” agregó Bravo.

Es aquí cuando cataloga que la ley “afectará a la competencia” y la “inversión en el sector”.

“Por definición un registro cerrado, con cupos fijos, o sujeto a discreción de la autoridad afectará a las empresas de plataformas que vayan a entrar con posterioridad a la vigencia de la ley y a las empresas con menor participación de mercado. Es una norma anticompetencia”, concluyó David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC.

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