“Uno en estos cargos siempre tiene la renuncia en el escritorio del jefe”. Con esta frase el abogado Alejandro Peña se refirió a su renuncia al puesto de jefe de la División de Estudios del Ministerio del Interior.

El ex caporal de la Fiscalía Metropolitana Sur, quien desde su cargo en el Ministerio Público combatió a las bandas de narcotraficantes, salió por la puerta chica de La Moneda tras un reportaje publicado por Ciperchile.cl.

En la investigación periodística se reveló que supuestamente hubo un sobreprecio de alrededor de 400% en la adquisición de material tecnológico licitado por el citado Ministerio para detectar drogas.

Según el reportaje, para el Plan Frontera Norte de combate al narcotráfico el Gobierno adquirió 52 densímetros para cachar drogas por un monto de $23,4 millones cada uno.

Ciper acreditó que el fabricante estadounidense los vende a alrededor de $4,3 palitroques cada uno. Esa licitación que involucró un gasto total de $1.218 millones, se realizó, junto a otro proceso de compra, para proveer 52 fibroscopios, que sirven para revisar ductos o compartimentos de difícil acceso, por $615,7 millones.

Para luquear qué está pasando, Peña se reunió con el subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla. El ex fiscal puso su cargo a disposición, el que asumió luego de dejar la jefatura de la Fiscalía Sur en medio del polémico Caso Bombas.

Sobre las acusaciones, Peña señaló en su carta de renuncia que “si bien no participé directamente de dichos procesos, como jefe de esta División de Estudios creo oportuno y prudente, en especial por lealtad, aprecio y respeto, presentarle mi renuncia por cuanto fueron profesionales de mi dependencia quienes llevaron adelante dichos procesos”.

En la misiva, el abogado añadió que “es probable sostener que habríamos sido víctimas de colusión entre dos empresas para aumentar indebidamente el precio a pagar”.

INCAUTACIONES

Tras la explosión generada por el luqueo al sobreprecio, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte recibió una denuncia por parte del subsecretario Ubilla, en la que da cuenta de una serie de situaciones relativas a la licitación de los equipos antidrogas.

Tras recabar los antecedentes, el fiscal regional Andrés Montes designó a un equipo investigativo multidisciplinario de alta complejidad encabezado por el fiscal Jaime Retamal.

Ayer, la Fiscalía Centro Norte, en conjunto con el OS-9 de Carabineros, raspó las oficinas de las empresas vinculadas a la licitación. En dichos lugares se incautaron computadores para ser periciados.

Además, y con la colaboración del Ministerio del Interior, se pusieron a disposición de la Fiscalía los equipos de los funcionarios vinculados a la licitación.

Los polis verdes incautaron cinco computadores, entre ellos los de colaboradores cercanos del ex fiscal Peña. La diligencia se efectuó en el Departamento de Proyectos de la Subsecretaría del Interior.

Los sabuesos también se llevaron un compu en la empresa Tecnodata, ubicada en la comuna de Santiago, y equipos de otra firma en Providencia.

Además, la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI retiró un computador desde la Unidad de Antinarcóticos.

TRANQUI

En la tarde de ayer el aludido señaló que “creo que es importante la actitud que se está tomando y denunciar los hechos en la fiscalía, para que investigue de forma rápida y llegue a la verdad y se sancione a los responsables”.

Sobre el contrato, dijo que no se produjo ninguna transferencia de plata, que el contrato quedó suspendido y que está “con la conciencia muy tranquila”.

También explicó que por el bien de la división era necesario renunciar “asumiendo la responsabilidad”.

CRÍTICAS EN SU CONTRA AGARRARON VUELO TRAS POLÉMICO CASO BOMBAS

Los fuertes cuestionamientos al ex fiscal regional Sur Alejandro Peña, hasta entonces considerado uno de los más capos en la lucha contra el narcotráfico, se iniciaron cuando asumió la investigación del denominado “Caso Bombas”.

En tiempo récord, las indagaciones encabezadas por Peña terminaron con la detención de varios cabros okupas, a los que acusaron de una asociación ilícita terrorista por los cuetazos en Santiago.

Tras los operativos que él encabezó, sus detractores denunciaron un montaje para armar el caso. Pero tras el juicio ninguno de los imputados fue condenado por delitos terroristas y las críticas agarraron más vuelo.

Más encima, dos días después de presentar la acusación en el tribunal, Peña renunció al Ministerio Público y se fue a trabajar al Gobierno, lo que cayó como patada en la guata dentro del mundo político.