Nuevos antecedentes se dan a conocer en torno a la investigación que lidera la Fiscalía para esclarecer los convenios firmados por Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, y que tiene como gran protagonista a Daniel Andrade, expareja de la diputada Catalina Pérez.

Según detalló La Tercera PM, el ente persecutor busca esclarecer cómo se estructuró la fundación, quiénes participaban en ella y cuáles eran sus vínculos en Revolución Democrática (RD), partido del cual era miembro su otrora representante legal (hoy imputado).

Es en este sentido que resulta clave el relato de quien figura como la propietaria del departamento que Democracia Viva registró como su dirección oficial.

Se trata de Cecilia Millán La Rivera, quien prestó declaración en calidad de testigo ante la PDI.

Testimonio clave

“Debo señalar que soy militante del partido Revolución Democrática (RD) desde el año 2016, renunciando a este en el año 2020 aproximadamente, uniéndome al partido Convergencia Social para apoyar a Gabriel Boric durante su inscripción de candidatura y una vez electo, volví a militar en Revolución Democrática”, contó la mujer, que también se desempeña como académica del Centro de Investigación para la transformación socioeducativa, dependiente de la Universidad Católica Silva Henríquez.

De acuerdo al citado medio, Millán explicó que en 2022 la llamó un amigo, también militante de RD, quien le señaló que Daniel Andrade estaba buscando personas propietarias de vivienda para inscribir su fundación, pero con un requisito: “Que estuviera ubicado en la comuna de Ñuñoa”.

Luego, agregó que “seguidamente, no recuerdo la fecha exacta, me contacta telefónicamente Daniel Andrade, comentándome que quería crear una fundación de nombre Democracia Viva, para trabajar temas de participación social ciudadana, no recuerdo con exactitud la conversación en sí, pero le comenté que no podían utilizar mi domicilio para trabajar como fundación porque es el lugar donde resido, respondiéndome que solo necesitaban la dirección para recibir correspondencia. Dentro de esta conversación, acepté que entregara mi dirección”.

Se reunió Catalina Pérez

El 29 de julio de 2022, ambos cerraron el acuerdo en una notaría de Providencia. “Leí el contrato donde aparecía que supuestamente me pagaría $10.000 (diez mil pesos), lo que fue una formalidad ya que nunca se acordó que me pagaría por el supuesto arriendo, por tanto nunca recibí esta suma de dinero”, precisó la testigo.

Ya en septiembre, ambos se juntarían a cerrar otros detalles. “Daniel me indica que necesitaba el contrato físico por lo que coordinamos y fue a mi casa junto a su pareja de ese entonces, Catalina Pérez, a quien conocía desde que comencé a militar en RD. A Daniel lo conocí en esa oportunidad. Ante su consulta (del detective), no hablamos ninguna particularidad de la fundación sino que explicaron a grandes rasgos de las funciones que tendría y más que nada hablamos de contingencia política de ese entonces. Después de lo anterior, vi a Daniel y Catalina nuevamente en el cumpleaños de ella en el mes de diciembre del año 2022″, continuó.

Pasarían nueve meses hasta que Millán volviera a saber de la fundación. El 19 de junio de este año la contactó Andrade: “Recuerdo que me comentó que había un problema con la fundación en Antofagasta, que al parecer había salido algo en el diario, que lo estaban cuestionando y estaba en problemas. La verdad no le tomé mayor atención”.

El pasado 22 de junio, una vez que estalló el caso, Cecilia fue con Andrade a una notaría de Peñalolén para terminar con el contrato de arriendo. “Para redactar el contrato, me asesoré con una abogada, quien especificó que nunca recibí dinero por el arriendo del inmueble y que este nunca fue utilizado por la fundación”, indicó.

“Nunca tuve ninguna participación en la fundación, no tuve conocimiento de sus actividades ni tampoco percibí algún beneficio económico ni de ningún tipo ya sea por parte de la fundación directamente o de Daniel Andrade, ni de Catalina Pérez, ni ningún involucrado”, recalcó.

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