Polémica causó esta semana el boicot que sufrió la PSU 2020. Examen que fue suspendido tras la filtración de los facsímiles de la prueba de Historia. Hecho que repudió el Gobierno y que hoy concretó sus acciones legales contra los que resulten culpables.

Así lo informó el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, detallando que se presentaron 16 querellas contra 34 personas. Entre los motivos agregó que se deben a agresiones a carabineros, barricadas y porte y lanzamiento de bombas molotov.

El subsecretario además precisó que se invocó la Ley de Seguridad Interior del Estado "por el delito contemplado en el artículo 6, letra c, de esa ley, por la incitación, promoción de la interrupción de un servicio de utilidad pública, que justamente es lo que ocurrió tanto en los delitos de desórdenes como en el llamado a interrumpir esta prueba".

Coletazos de la PSU

Galli finalmente agregó que esta medida apunta a los dirigentes de la ACES quienes fueron los que presuntamente iniciaron el boicot contra la PSU. "Incitaron y promovieron a la suspensión de la prueba", remató.