El Gobierno, a través de la Subsecretaría de Justicia, comenzó los trámites judiciales para la disolución de la Fundación Democracia Viva, la misma que originó tremendo remezón en el oficialismo por el denominado Caso Convenios.

La Subsecretaría resolvió solicitar al Consejo de Defensa del Estado (CDE) requerir ante tribunales civiles la disolución de la organización, que fue vinculada a Revolución Democrática, por “graves infracciones a las normas estatutarias y al ordenamiento jurídico que regula este tipo de entidades”.

Según informó el Ministerio de Justicia, la resolución la adoptó el subsecretario Jaime Gajardo Falcón (PC), luego de la fiscalización iniciada en junio pasado, debido a las denuncias de irregularidades en los convenios que esta fundación firmó con la Seremi de Vivienda de la Región de Antofagasta, por $426 millones.

Las irregularidades detectadas

En la investigación se detectaron distintas faltas de carácter estatutario y legal, cometidas por el directorio de la Fundación, “lo que hace necesario poner término a sus actividades y disolver su personalidad jurídica”, indicaron desde la cartera.

De acuerdo a las conclusiones, se verificó incumplimiento de estatutos, su objeto y patrimonio social, pues “desnaturaliza los fines propios de la fundación, persiguiendo otros distintos a los consagrados en su objeto y a los propios de las entidades sin fines de lucro”.

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