Entre las avenidas Camino a Melipilla y Pajaritos, en la comuna de Maipú, viven más de 600 familias, la mayoría de origen venezolano y haitiano. Se trata de una toma que los locatarios han bautizado como “Haití” o “Camino a Melipilla” y que está compuesta por cuatro campamentos.

En uno de ellos, específicamente Vicente Reyes, las autoridades hicieron un escalofriante encuentro: después de buscar por casi diez días al exmilitar secuestrado, Ronald Ojeda, hallaron su cuerpo en una de las viviendas de ese campamento, a varios metros de profundidad y en una maleta.

Pero la noticia no ha sorprendido a todos. Los vecinos e incluso el mismo alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, han sido testigos de que en esa toma, la hostilidad y la delincuencia no son algo nuevo.

La peligrosa toma de Maipú donde encontraron a Ronald Ojeda

“El hallazgo del cuerpo del ex militar venezolano es solo el último de una serie de hechos delictuales que ocurren en ese campamento”, aseguró el edil, Vodanovic, en conversación con LUN. “Hoy reiteramos nuestro llamado a coordinar acciones para la erradicación de esta toma ilegal”.

Según la autoridad, los migrantes comenzaron a asentarse en el lugar en el año 2018, pero el crecimiento se intensificó en la pandemia. Pero este cambio vino acompañado de más malas noticias: el sector se volvió violento, la prostitución es pan de cada día y, además, se registraron una serie de delitos de alta connotación social.

“Ahí hay prostitución, droga y muerte. Imagínate lo que encontraron ahora, pero quién hace algo”, dijo uno de los vecinos del sector, cuando la PDI halló el cuerpo de Ojeda, según consignó La Tercera.

Pero no es fácil hacer algo al respecto. Vodanovic declaró que “hoy, poder desalojar y reubicar a esas familias es una tarea que excede con creces la capacidad legal y logística del municipio.

La mayoría de las casas está construida con materiales ligeros (plástico y madera) y, para que “entre” la mayor cantidad de viviendas, solo las separan pasadizos estrechos.

Los vecinos que viven alrededor de la toma han denunciado en más de una ocasión que en el lugar operan discotecas ilegales y “prostitución a la vista”. Además, en redes sociales han identificado que algunas personas arriendan y venden las viviendas irregulares por hasta $3 millones de pesos chilenos, aún cuando no son dueños de los terrenos.

“Sabemos que en esa zona ocurren frecuentemente hechos violentos, prostitución, situaciones asociadas a drogas y múltiples incivilidades que afectan la calidad de vida de nuestros vecinos. Además de la toma y arriendo o venta ilegal de terrenos”, dijo Vodanovic, quien solicitó una reunión urgente con la Delegación Presidencial de la RM.

Y aunque la delegada presidencial Constanza Martínez dijo estar trabajando para erradicar la toma, aseguró que “es complejo hacerse cargo de 600 familias para que esto tampoco tenga un impacto en otras comunas”.