En una semana más el cabo primero de Carabineros, Óscar Galindo Saravia, celebraría sus 30 años. No alcanzó porque ayer murió tras recibir dos impactos de bala de una subametralladora Uzi en la cabeza y uno en una muñeca, en la comuna de La Pintana.

El funcionario había cumplido once años en la institución y mientras prestaba servicios de civil en un operativo antidrogas, junto a un compañero, se topó con un ajuste de cuenta entre narcotraficantes de la zona, señaló el coronel Cristián Mardones.

El policía tenía tres hijos y estaba casado hace un poco menos de un año con la cabo primera Priscilla Lavandero Hernández, quien se desempeña en la 43° comisaría de Peñalolén, lugar donde se conocieron y se enamoraron.

El cabo Galindo nació en Cañete, hijo de Óscar y Jimena, y se transformó en el primer Carabinero de la familia y en el orgullo de su ciudad.

Sus cercanos aseguran que desde siempre quiso vestir el uniforme y que se destacó en todos los lugares donde le tocó servir. Además de desempeñar funciones en La Pintana y Peñalolén, el mártir número 1.208 de Carabineros había trabajado en la tenencia de San Luis y la 20° Comisaría de Puente Alto.

Es recordado por sus pares como un funcionario noble y profesional. "Siempre con una tremenda sonrisa ayudando a sus compañeros y dispuesto a entregar lo mejor de sí en cada uno de sus servicios", afirman desde la institución.

"Ya basta"

El Presidente Sebastián Piñera, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, y el director general de Carabineros, Hermes Soto, llegaron hasta el hospital Dipreca para entrevistarse con la familia del cabo.

Su cuñada, Solange Lavandero, declaró que "detrás de un carabinero hay una familia, hay hijos, y les pido por favor que ya basta, esto no puede seguir pasando".

La investigación de este caso quedó a cargo del fiscal metropolitana sur, Marcelo Apablaza.

El joven cabo cometió un error el 2014, que le costó la vida a un civil, por el que pidió perdón. Fue investigado por el atropello y muerte de Patricio Ampuero, mientras realizaba una persecución policial. Tras dos años se determinó que no respetó los protocolos.