Este jueves, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos presentó un informe en el que denunciaron al menos 136 detenciones arbitrarias solo durante el mes de enero, es decir, arrestos que fueron realizados sin pruebas o evidencia de que las personas detenidas hayan cometido un delito o violación de las leyes locales.

“La espiral represiva continúa en Cuba, ante el silencio de España, la Unión Europea y América Latina”, detalló el director ejecutivo de la organización, Alejandro González Raga, “dada la grave situación, callar en estos momentos es sinónimo de complicidad”.

Según informó el escrito, estas acciones se realizaron principalmente en contra de opositores al gobierno, “incluidos menores de edad, con testigos manipulados favorables a la versión oficial y sin la debida defensa”. A eso se le suman “amenazas a los familiares y una aplicación torticera de la ley por jueces que no son independientes”.

Hasta la fecha, la organización ha registrado 643 acciones represivas en contra de manifestantes, mientras que de 187 juicios efectuados, 184 han sido como consecuencia de una vinculación con las protestas masivas del pasado 11 de julio. Además, denunciaron que diversos activistas políticos han sido obligados a quedarse en el país, mientras que otros han sido forzados a abandonarlo.

Frente a esto, la embajada de Estados Unidos en La Habana compartió un comunicado en el que exigieron que se liberara a quienes fueron “detenidos arbitrariamente por querer un cambio que incluya la libertad de expresión en Cuba sin cargos formales desde julio y mayo”, además de manifestar que se trata de “una represión inaceptable contra los cubanos que exigen derechos cívicos y artísticos”.

Por su parte, el Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, manifestó al comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes del país norteamericano que la cifra de detenidos desde mediados del año pasado ya es de al menos 700 personas, entre las que se encuentran menores de edad que arriesgan condenas de prisión de entre 8 y 10 años.