Durante el primer semestre de 2018, una investigadora norteamericana, perteneciente a la ONG Lady Freethinker, vino a Chile a investigar las peleas de perros clandestinas que se organizaban en nuestro país.

Durante su trabajo siguió varias líneas investigativas y una de ellas la llevó hasta el fundo "La Estrella", de la comuna de Llay-Llay, donde encontró un criadero ilegal de perros de diversas razas, los que se encontraban en deplorables condiciones tanto de salud como de habitabilidad.

La evidencia recopilada permitió a la norteamericana denunciar los hechos ante la Brigada de Delitos Medioambientales de la PDI (Bidema), quienes el 21 de julio del año pasado se dejaron caer a la parcela y constataron los hechos.

En el procedimiento se detuvo en flagrancia a G. R. R. (33), quien, además de tener perros, mantenía en encerrados a varios gallos en diminutas jaulas.

En su declaración al Tribunal, el sujeto se trató de descartar y aseguró que "yo encontraba que no los tenía en malas condiciones, como se acusa, sí habían algunos perros que tenían patologías, alguna cosas, porque me los regalaban".

Desde la Organización por la Protección y Respeto a los Animales tampoco le creyeron y Alma Sánchez, abogada de dicha ONG, explicó que "esta es una realidad muy reiterada en Chile, que es el criadero clandestino de animales. Este no era autorizado. La gente está vendiendo de forma ilegal y hacen una explotación que, obviamente, conlleva el delito de maltrato animal", dijo Alma Sánchez, abogada de la Organización por la Protección y Respeto a los Animales (OPRA)

Inédito

Esta causa se convirtió en un emblema para las organizaciones animalistas, pues se logró llevar por primera vez a un acusado por el delito de maltrato o crueldad con animales a juicio con todas las de la "Ley Cholito".

Por lo anterior, los jueces Rodrigo Cortés Gutiérrez, Paola Hidalgo Benavente y Alejandra Araya Fuentes, del Tribunal Oral de San Felipe, lo hallaron culpable y condenaron a una pena de tres años de presidio menor en su grado medio bajo la modalidad de reclusión nocturna en un recinto de Gendarmería, una multa de 30 UTM y la inhabilidad perpetua para la tenencia de animales.

"Desde el Ministerio Público estamos conformes, ya que esta es la pena más alta que establece la ley. Esta es la primera vez que una persona llega a juicio oral y es condenada", dijo el fiscal Julio Palacios.

Además, el persecutor comentó que este hombre ya contaba con una condena anterior por maltrato animal. "Ahora lo importante es que a futuro nunca más pueda tener animales", cerró.

Finalmente, Alma Sánchez, de OPRA, hizo un llamado a que "se sigan persiguiendo estas causas, que se motive a las otras organizaciones a denunciar y perseguir a los acusados durante todo lo que dure el juicio".