¿Quién no ha querido saber por qué diantres la Isapre o Fonasa no cubren algún examen, si efectivamente una empresa contamina o cómo funciona un vertedero que a todas luces no respeta la normativa?.

Aunque cueste creerlo, todo hijo de vecino en este país puede consultar casi cualquier dato a los organismos públicos y, en algunos casos, a la empresa privada.

¿Cómo? Por medio de la Ley de Transparencia, que tradicionalmente ha sido utilizada por periodistas y medios de comunicación y, a través de esta herramienta, han logrado sacar a la luz pública casos como las donaciones a Cema Chile, los concejales viajeros y el jubilazo de Myriam Olate, entre otros.

Esta norma cumplió 10 años el pasado 20 de agosto y desde esa fecha ha sido un martirio para municipalidades, ministerios, hospitales, etc. Y por dos razones: porque se debe ventilar información que hace una década era impensable que la ciudadanía manejara. y porque las autoridades o responsables tienen 21 días para contestar, de lo contrario se exponen a sanciones. Corta.

Más de 500 mil consultas a los organismos se han hecho invocando la norma y este lunes el Consejo Para la Ley de Transparencia lanzará un libro en el que se revisa el derecho de acceso a la información, asociado al concepto de "derecho llave". Es decir, acerca la ley a la gente y muestra cómo se pueden resolver problemas cotidianos de las personas accediendo a datos claves. También deja ver cómo una normativa, que en principio sólo afecta a los organismos estatales, sirve para investigar también al mundo privado.

Al respecto el presidente del CPLT, Marcelo Drago, señaló a La Cuarta que "el objetivo de esta publicación es mostrar que existen herramientas potentes como la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, que son capaces de abrir puertas a las personas en su búsqueda por resolver problemas concretos".

Reveló que las historias que cuentan en el libro se originan a raíz de que las personas una y otra vez consultaron a las instituciones públicas, pero no obtuvieron respuesta. "Es a partir del acceso a la información que se pudo acceder a derechos fundamentales como el derecho a la salud, la vivienda, la identidad, a vivir en un ambiente libre de contaminación y a un debido proceso, entre otros", explicó.