Una vecina de Puerto Natales fue condenada por la justicia a devolver todos los millones que recibió como subsidio habitacional, tras ser sorprendida arrendando la casa que obtuvo gracias al beneficio estatal.

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas ratificó lo demandado por el Serviu y ordenó a la mujer a devolver la suma de 725 UF, es decir, unos 26,5 millones de pesos, correspondiente al Subsidio DS49, que le permitió adquirir una vivienda en 2016.

Pasó que a la vecina se le ocurrió poner la casa en arriendo a un tercero, antes del plazo establecido en el contrato de compraventa que ella firmó.

En ese documento, y tal como ocurre con todos los subsidios habitacionales, “se impuso a la compradora la obligación de habitar personalmente el inmueble durante el plazo de cinco años contados desde su entrega material”, constató el fallo. Además, se la prohibió “gravar o enajenar la vivienda o bien de ceder su uso o goce, gratuita u onerosamente, sin autorización de Serviu”.

Cómo se enteró el Serviu

Fue a fines de 2019 cuando el Serviu Magallanes recibió una denuncia anónima de alguien que aseguraba que la vecina estaba hace tiempo arrendando su casita comprada con subsidio.

Al llegar al domicilio se encontraron con personas que estaban pagando una renta a la dueña de casa desde hace dos meses.

Entre las pruebas que exhibió el organismo estatal figuraba la foto de un recibo de gas que facilitó la arrendataria, lo cual ayudó a demostrar que la beneficiaria no era quien habitaba la vivienda.

Para el tribunal, este arriendo “importa una violación al deber que pesaba sobre la demandada” y en consecuencia, el Serviu se encuentra “habilitado para cobrar aquellos dineros que se le entregaron por concepto de subsidio”.

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