El 2011 el Gobierno aprobó la minería de carbón en Isla Riesco, una isla de la Patagonia con una biodiversidad tan relevante, que más de la mitad de ella es parte del Parque Nacional Kawésqar. Nueve años después, con planes de descarbonización en marcha, el Gobierno insiste en defender la extracción de carbón incluso ante la Corte Suprema. El caso de la minería en Isla Riesco es ejemplo de lo que ocurre en los conflictos socio-ambientales de todo Chile, quienes comparten los mismos problemas de fondo: un modelo de desarrollo enfocado en la explotación de recursos naturales, y una política que supedita los derechos humanos y ambientales al mero crecimiento económico.
En Isla Riesco, los grupos Angelini y Von Appen pretenden hacer cinco minas para extraer 240 millones de toneladas de carbón y venderlas a termoeléctricas. Mina Invierno, el primer yacimiento, es la mina de carbón a cielo abierto más grande de la historia de Chile. Aprobada el 2011, ya opera. En la historia de Mina Invierno, la fragmentación de proyectos, las amenazas, las trabas a la participación ciudadana, las contradicciones entre discursos y toma de decisión, el lobby y las presiones políticas han sido la tónica. Ejemplos hay de sobra. Uno de los más llamativos fue el espaldarazo del Presidente Piñera a Mina Invierno mientras la iniciativa era evaluada –y siendo él accionista de Copec, dueña del 50% del proyecto–; otro ejemplo fue la declaración del Gobierno anunciando que llegarían hasta la Corte Suprema para defender el uso explosivos en Mina Invierno, mientras el Tribunal Ambiental analizaba el caso. Y un hecho emblemático fue la incorporación del uso de explosivos, mientras estaba rechazado, en la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables y que luego de esta gestión, fue aprobado. El hecho fue públicamente agradecido por el presidente de la minera.
Hoy como ciudadanía defendemos el rechazo del uso de explosivos en Isla Riesco ante la Corte Suprema, en lo que puede ser el inicio del fin de la cadena de contaminación de carbón en Chile. Allí nos enfrentamos, una vez más, a la empresa y al Gobierno. En un país que requiere avanzar hacia un desarrollo sostenible, es un imperativo que el Estado pase de profundizar la injustica socio-ambiental, a construir una política que entienda que el respeto por los derechos humanos y ambientales es imprescindible para el bienestar de todas y todos.
