Este lunes, la Subsecretaría de Salud Pública dejó sin efecto la decisión de eliminar el uso de escáneres corporales en algunos centros penitenciarios y recintos del Sename que reemplazan la revisión por contacto.

“Ellos (Minsal) tomaron la decisión de manera autónoma e independiente. Yo creo que no ponderaron adecuadamente las variables que tienen que ver con aspectos de seguridad y que salen de la línea que están trabajando las autoridades para combatir el crimen autorizado”, indicó Andrés Muñoz, presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios de Gendarmería (ANOP), a La Tercera PM.

Ante la posible descoordinación, desde Salud indicaron que se llevará a cabo una mesa de trabajo con el Ministerio de Justicia, para mejorar los protocolos.

Mientras tanto -aclaró el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado-, los equipos “Body Scan de las actuales instalaciones de Gendarmería y Sename seguirán funcionando según los protocolos y técnicas vigentes”.

Por su parte, la ministra de Justicia, Marcela Ríos, indicó esta mañana que “tenemos un plan de trabajo con estas dos instituciones para ir ampliando estas tecnologías y también estamos en búsqueda de nuevas tecnologías, pero los BodyScan nos permiten controlar el ingreso no solo de material peligroso (armas, drogas, etc.), sino también para controlar el ingreso de tecnologías de telecomunicaciones que le permiten a personas vinculadas al crimen organizado seguir delinquiendo desde el interior de los recintos”.

Cabe destacar que una de los argumentos empleados por el Minsal para eliminar el uso de los escáneres corporales era el riesgo para la salud de las personas. Sin embargo, este planteamiento generó dudas.

“El nivel de exposición es mínimo”

“A los riesgos para la salud de las personas, por exposiciones a radiaciones ionizantes con fines NO médicos, se suman los derechos fundamentales, ya que la incorporación de esta tecnología en establecimientos penitenciarios y en establecimientos del Sename atenta los derechos humanos y la convención nacional de niños, niñas y adolescentes (NNA)”, sostiene el primero oficio.

“Se planteó como si fuera una exposición permanente y eso no es real. En el contexto sanitario que nos encontramos, la población penal tuvo las visitas suspendidas por mucho tiempo y se promovieron las visitas por videollamada. Ahora, como estamos retornando de manera progresiva, en el mejor de los casos, la población penal puede ser visitada una vez a la semana. Entonces el nivel de exposición a estas ondas ionizantes es mínimo”, apuntó el presidente de la ANOP.