A través del reajuste del sector público fue incorporada una propuesta del Gobierno para alivianar transitoriamente el efecto que tendrá la aplicación del fallo GES dictado por la Corte Suprema. Dicha sentencia anuló la última alza que las isapres comenzaron a instaurar desde octubre de 2022.

A grandes rasgos, las isapres han cuestionado esa anulación, asegurando que se romperá la financiación necesaria para cumplir con la cobertura de las atenciones médicas de sus usuarios. Inclusive apuntan a una caída de un 12% de los ingresos mensuales del sistema.

Y es eso último lo que en parte impulsó a que las medidas del Gobierno fuesen ingresadas a la Cámara de Diputadas a través del proyecto de reajuste. No por nada las aseguradoras plantearon que desde enero se pondrá en riesgo al sistema.

Ante todo lo anterior, y de acuerdo a Pulso, la acción del Gobierno apunta a adelantar el procedimiento que fija el Indicador de Costos de la Salud (ICSA). Este último determina qué reajustes de precio pueden llevar a cabo las aseguradoras anualmente. En esa línea, el Ejecutivo apunta a que dicho ajuste, realizado para los precios base 2024, se adelante desde junio a abril próximo.

También la medida apunta a que el alza sea mayor a lo usual, pues el Gobierno propone que el cálculo del ICSA no considere ni el costo de las nuevas prestaciones ni la variación de la frecuencia de uso de las prestaciones.

Lo anterior, no obstante, es calificado de insuficiente para las aseguradoras. “La Asociación de Isapres calcula que con todo eso, el reajuste que podrán hacer las isapres en 2024 sería cercano a 2,8% promedio. Así, estiman que estas propuestas les permitirían cubrir menos de un cuarto de la baja mensual de 12% que genera en sus ingresos el fallo GES desde enero”, plantean desde Pulso.

Al mismo tiempo, diversos diputados tampoco estarían conforme con la propuesta del Gobierno, por lo que la presidenta de la Comisión de Hacienda, Gael Yeomans (CS), ya propuso que la discusión del reajuste se lleve de forma separada a la medida que busca modificar el ICSA. Y no fue la única disconforme.

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