Durante los casi 126 años que estuvo vigente la pena de muerte, 58 criminales, entre aristócratas, asesinos en serie, parricidas y delincuentes comunes terminaron sus días frente al pelotón de fusilamiento. En cada oportunidad, las voces pidiendo clemencia se mezclaron con las de los defensores a ultranza de que el Estado aplicara la condena.

Una vez dictada la condena, la única forma de evitar que se cumpliera ésta, era el indulto presidencial, una decisión que en democracia tuvieron que tomar los presidentes Patricio Aylwin y Eduardo Frei, conmutando la pena por cadena perpetua, la que en la legislación antigua permitía solicitar beneficios carcelarios pasados los 20 años.

Salvados del patíbulo

En 1992, Aylwin indultó a tres peruanos condenados a muerte por robar, torturar, violar y asesinar a una pareja de universitarios, y, en 1993, le salvó la vida a Juan Salvo.

El domingo 25 de noviembre de 1990, en Alcohuaz, en el Valle del Elqui, Salvo asesinó a hachazos a Antonia Cabrera y a los hijos de la mujer -Jéssica (8), Joaquín (5) y Guadalupe, de tres meses. No era su primer crimen, en 1975, en Arica, había matado a su hermana, asesinato por el que estuvo 10 años en la cárcel.

Uno de los casos que más impactó por su crueldad fue el asesinato y violación del hijo menor de la familia Zamorano Jones, en Lo Curro. Por el crimen del niño de 9 años, el delincuente, Cupertino Andaur, que durante todo el juicio mostró una frialdad extrema, recibió el indulto de Frei en 1996.

Caso Sophie

La lacante de un año y 11 meses, abusada y asesinada por su padre el pasado 25 de enero, instaló en el debate la reposición de la pena capital dentro del ordenamiento jurídico, una discusión que ya se dio en los '90 y que finalizó, después de 11 años de trámite legislativo, en la derogación de la pena de muerte, sustituyéndola por un presidio perpetuo de 40 años, sólo pasado este tiempo se puede solicitar beneficios carcelarios.

Ahora, cinco diputados UDI anunciaron que le pedirán a Sebastián Piñera, en marzo cuando sea Presidente de la República, un plebiscito para conocer la opinión de los chilenos frente a la reposición de la pena de muerte.

Una solicitud que desde la Nueva Mayoría la catalogan de populista, pues los tratados internacionales firmados por Chile, como el Pacto de San José, impiden dar un paso atrás.

Los diputados Osvaldo Urrutia, Ignacio Urrutia, Celso Morales, Pedro Álvarez-Salamanca y Sergio Bobadilla, quienes no se refirieron al tema con La Cuarta, señalaron, el pasado domingo 4, que "Hay seres humanos que no merecen ser alimentados y encarcelados, porque la maldad y el nulo respeto a la vida no permiten otra opción que la de pagar con su vida los atroces delitos cometidos".

Pero no sólo parlamentarios de la Nueva Mayoría rechazan la petición, al interior de Chile Avanza las opiniones están cruzadas, diputados como Jaime Bellolio calificaron al grupo de los 5, de "incoherentes" y "contradictorios", pues la condena a muerte se contradice con la defensa a la vida que el partido siempre ha esgrimido en el rechazo al aborto.

Mientras que otros, como Iván Moreira, siempre se han mostrado partidiario de la pena de muerte. Si bien Moreira votó en contra de la derogación, no está de acuerdo en plebiscitar materias de ley.

Al banquillo

A los 104 los países que han derogado la pena de muerte, se suma otros 37 que en la práctica no la aplican. Hace 20 años, en 1997, en 40 países se ejecutaron a personas, mientras que en 2016 sólo fueron en 23.

De los Estados que ejercen con regularidad esta condena, China lleva la delantera. Anmistía Internacional calcula en más de mil los ejecutados en 2016, la cifra no puede ser confirmada, pues es un secreto de Estado. Le siguen Irán (más de 576), Arabia Saudita (más de 154), Irak (más de 88), Pakistán (más de 87), Egipto (más de 44 ) y Estados Unidos con 20.

Dentro de los métodos utilizados, destacan la decapitación, electrocución, ahorcamiento, inyección letal y el fusilamiento.