Fue a mediados de enero cuando el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció que el Presidente Gabriel Boric tenía la intención de revocar las pensiones de gracia otorgadas a víctimas del estallido social. Al menos de quienes fueron condenados o que tienen antecedentes por delitos graves.

Según detalló La Tercera PM, durante la revisión de los casos, los abogados de la cartera constataron que el total de víctimas que tenían antecedentes no eran 41, sino que 69.

Sin embargo, una veintena de ellos no tendría daños permanentes, motivo por el que perderían el beneficio.

Decisión del Presidente Boric

Hace alguna días, el Mandatario confirmó que “efectivamente voy a hacer uso de una facultad administrativa en el caso de que cuando identifiquemos beneficiarios que tengan antecedentes penales por delitos graves, tales como homicidio, violación, porte de armas o narcotráfico... yo personalmente voy a hacer uso de la facultad administrativa para revocar esas pensiones”.

Inquirido por las repercusiones que podría tener la decisión, Boric planteó que “eventualmente esto podría judicializarse, y por eso hay que ser muy cuidadoso en la decisión que se tome y estudiarlo caso a caso. Y eso es lo que yo le he mandatado a mis equipos y a los ministerios. Es lo que he señalado el subsecretario (Manuel) Monsalve y la ministra (Carolina) Tohá, que se va a revisar durante este periodo. Y espero que lo podamos cerrar a la brevedad para que este debate lo demos por superado y podamos seguir avanzando”.

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