Durante la noche de este lunes 19 de febrero la División Jurídica del Interior ingresó un total de 24 decretos a Contraloría, con el objetivo de que se quiten las pensiones de gracia en cada uno de esos casos.

Esta acción se concretó casi un mes después de que la ministra del Interior, Carolina Tohá, anunciara el pasado 28 de enero que el gobierno tomaría medidas.

Lo anterior, debido a los beneficios que obtuvieron una serie de personas que resultaron heridas durante el estallido social, pero que tenían condenas por delitos graves o se les había entregado de manera presuntamente irregular.

Aquello desató una polémica que vino acompañada de numerosas críticas.

Según informaciones rescatadas por La Tercera, el reciente acto administrativo expone cada uno de los casos, los cuales serán revisados por la Contraloría.

El plazo del organismo para tomar razón es de máximo 15 días hábiles, mientras que antes también se había hecho ingreso de uno de los casos que fueron revisados por la División Jurídica del Interior.

Cabe recordar que el pasado 25 de enero se había compartido un informe , en que se planteó que hubo irregularidades en la manera en que se entregaron estas pensiones de gracia.