Un total de 745 estudiantes chilenos han sido expulsados de sus colegios durante el último año, según detalló la Superintendencia de Educación.

En el marco de la tramitación del proyecto Aula Segura, la entidad precisó que, en promedio, cada semana son expulsados de sus establecimientos seis alumnos. Lo anterior, entre entre expulsiones inmediatas y cancelaciones de matrículas, que en este último caso se concretas al término del año escolar.

Según el desgrolse de los casos, casi la mitad (49%) de los casos sancionados se enmarcaron en agresiones a compañeros de colegio. El 14 por ciento, en tanto, se refirieron a actos de violencia contra profesores o asistentes de la educación.

El 37% restante se debió a otros motivos, como el porte de armas y consumo o tráfico de drogas, según detalla La Tercera.

Problema multidimensional

La directora de Política Educativa de Educación 2020, Nicole Cisternas, indicó que estas cifras "nos muestran que la violencia escolar es un problema y que es multidimensional. La evidencia muestra que para abordar esto se necesitan programas que contemplen a los distintos actores".

Para ella, "estos datos fundamentan toda la discusión de que Aula Segura, en su primera versión, era un proyecto insuficiente para dar respuesta a la violencia escolar".

Ignacio Illanes, decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Los Andes, estima necesario abordar la gravedad de los hechos de violencia: "Han empezado a repetirse y perturban muy seriamente la vida escolar. Sin duda, es necesaria una señal política y legal contra la violencia, que devuelva mayor autoridad a los directores y que acote las expresiones estudiantiles a márgenes razonables", planteó.

"Hay que dejar espacio a las reglamentaciones internas, para que reflejen los diferentes sellos educativos. Por eso, entiendo que las autoridades hayan querido acotar la discusión a un punto específico y crítico: los hechos de violencia grave, que no son aceptables en ningún colegio", puntualizó.

"Las cifras muestran que se trata de un fenómeno marginal, es decir, son pocas las expulsiones en comparación al volumen del sistema, que tiene 3,5 millones de estudiantes. Y eso indica que, tal como planteó el gobierno siempre, esto es una medida extrema, no para aplicarse masivamente", dijo por su parte el director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez.