El diputado Raúl “Florcita” Alarcón ingresó un requerimiento a Contraloría para que la entidad se pronunciara sobre la constitucionalidad de exigir el Pase de Movilidad.

“Las estrictas medidas que dicho instrumento contiene convertirían en obligatoria una vacunación que, constitucionalmente tendría el carácter de voluntaria”, argumentó en un documento.

Según detalló La Tercera PM, el oficio ingresado por Motuda fue respondipo ayer por parte de la División Jurídica de la Contraloría. Eso sí, además de abstenerse de emitir un pronunciamiento, fijó los límites de sus atribuciones para este tipo de requerimientos.

“La Constitución Política de la República no se refiere, y menos establece, la voluntariedad de la vacunación en el país”, le aclararon de entrada al parlamentario.

Además, le explicaron que es el Código Sanitario el que “encarga a la autoridad sanitaria la vacunación de los habitantes del país contra las enfermedades transmisibles y faculta al Presidente de la República para declarar obligatoria la vacunación de la población respecto de aquellas, cuando existan procedimientos eficaces de inmunización”

De paso, expusieron que la presentación del legislador “parte de una premisa errónea al atribuir una voluntariedad absoluta de carácter constitucional a la vacunación contra determinadas enfermedades, resultando, entonces, inoficioso referirse al alcance de las medidas que al efecto pueda tener el denominado Pase de Movilidad. La existencia de dicho instrumento, por lo demás, se encuentra justificada en la necesidad de enfrentar una situación sanitaria crítica y excepcional que afecta a todos los habitantes del país”.

Portazo a Motuda

Finalmente, el ente contralor hace una advertencia al diputado sobre las funciones de Contraloría.

“Se ha estimado importante recordar que las funciones que ejerce este Órgano de Control abarcan una gran cantidad de materias de trascendencia jurídica, económica y social, cuya preparación y desarrollo requieren de significativos recursos humanos, financieros y materiales que, por su escasez, necesariamente deben ser aplicados con cuidadoso resguardo para asegurar respuestas eficientes y eficaces”, se detalla en el documento revelado por el mismo medio.

Asimismo, se indicó que “ello implica, entonces, que las presentaciones que se realicen ante esta Entidad -particularmente cuando las efectúan parlamentarios, que cuentan con asignaciones para contratar asesorías- contengan una suficiente argumentación jurídica y fáctica sobre el aspecto a consultar, puesto que su estudio involucrará la utilización de recursos públicos dispuestos para atender múltiples requerimientos en beneficio de la comunidad”.