Nuevos antecedentes se dan a conocer en torno al principal sospechoso de asesinar al cabo David Florido en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

Se trata de un chileno, de 23 años, que cuenta con antecedentes penales, según confirmó el fiscal Héctor Barros. Por el momento, sigue prófugo de la justicia.

De acuerdo a los antecedentes revelados por La Tercera PM, el acusado fue identificado con las iniciales J.G.Q. y dejó la cárcel a fines de 2021. En Colina 1, el sujeto estuvo tras las rejas durante cinco años debido a un robo con violencia e intimidación.

“Un día antes de la Navidad, sus abogadas le informaron que habían logrado que la Corte de Apelaciones de Santiago acogiera un recurso de amparo y revocara la decisión de la Comisión de Libertad Condicional que unas semanas antes le había negado el beneficio. Volvía a ser un hombre libre. Había ingresado a cumplir condena cuando sólo tenía 19 años y una vez pasada la mitad de su pena retornaba a las calles de Pedro Aguirre Cerda, comuna que lo vio nacer y en la que vive su familia”, detalla el citado medio.

Libertad vigilada

Además, se dio a conocer que “fue la propia autoridad penitenciaria la que sostuvo que, pese a que el condenado cumplía con los beneficios objetivos de la ley (...) aún persistían dudas si era capaz de reinsertarse en la sociedad, sobre todo teniendo en cuenta las amistades delictuales que mantenía en el sector donde residía”.

Cabe destacar que, de no haber accedido a la libertad vigilada, el principal sospechoso del crimen estaría preso hasta marzo de 2024, cuando se cumplía su condena original.

Se negaron a beneficio, pero...

“Entre los documentos analizados por esta Comisión es posible advertir que el postulante presenta un riesgo medio de reincidencia delictual, con necesidades criminógenas medias en educación, empleo, historial delictual y pares, ya que ha presentado socialización con pares antisociales desde la adolescencia, por lo que si bien reconoce el delito y su participación y no presenta una tendencia a favor del delito como una forma de validación económica, y muestra una actitud favorable a normas y convenciones sociales, se estima que resulta necesario un mayor periodo de observación de los permisos de salida dominical y de fin de semana del cual goza el interno, a fin de evitar el riesgo de reincidencia”, advirtió la secretaria Olga Alarcón, al explicar la decisión de rechazar la libertad vigilada del antisocial.

Posteriormente, el caso fue revisado por la Novena Sala integrada por la ministra (S) Andrea Díaz-Muñoz Bagolini y el abogado integrante Eduardo Jequier Lehuedé.

Ambos declararon que la Comisión había excedido sus atribuciones y sostuvieron que los informes sicosociales de Gendarmería no pueden ser usados para “formarse convicción sobre el pronóstico del comportamiento futuro del solicitante en el medio libre”.