Durante la jornada de ayer, el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Peñaflor dictó una orden de detención contra el alcalde de la comuna Nibaldo Meza. Esto luego de que no se realizara el pago de una indemnización a una profesora de la comuna que sufrió vulneración de derechos.

La educadora de párvulos Gabriela Villavicencio, trabajó desde el 2002 en la Escuela Emilia Lascar y presentó una denuncia asegurando que desde 2016 comenzó a recibir una serie de hostigamientos públicos y privados por parte de la directora del recinto, lo que le generó complicaciones a nivel psiquiátrico.

Entre los relatos que se incorporaron en la querella se incluye el siguiente fragmento: “Durante la cuarentena sanitaria, el 25 de agosto de 2020, (Gabriela Villavicencio) debía entregar materiales a los apoderados de sus alumnos. Al llegar a la escuela, no se le permitió la entrada por parte de la directora, quien la obligó a entregar los materiales en el frontis del estacionamiento, al lado de los contenedores de la basura”.

En junio del año pasado un tribunal entregó la resolución del caso, determinando que la afectada debía recibir un monto de más de $7 millones. Sin embargo, hasta la fecha, no se han realizado los pagos correspondientes.

Alcalde de Peñaflor se debe responsabilizar

En el fallo de la corte se estableció que la denunciada debía pagar una indemnización equivalente a seis meses de la última remuneración mensual, lo que equivale a $5.477.460. Además, se suman $2.000.000 por concepto de daño moral.

Ante el no pago, la profesora afectada realizó un reclamo, por lo que el tribunal decretó “el apremio consistente en arresto por tres días respecto de don Nibaldo Meza, en su calidad de alcalde representante de la Ilustre Municipalidad de Peñaflor”.

Según comentó el abogado Claudio Fuentes, “no tenemos otra pretensión que se cumpla el fallo ratificado por la Corte de Apelaciones de San Miguel. Si eso implica que se arreste al alcalde, es parte de las consecuencias del incumplimiento de las resoluciones judiciales”.

“Atentar en contra de los derechos fundamentales de los trabajadores es muy grave. Se atenta, por parte de una Municipalidad, en contra de derechos básicos, lo que no puede ser aceptado”, agregó el jurista.

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