La viuda del motorista venezolano que fue abatido por un carabinero en Coquimbo, insistió en la inocencia de Nehomar Terán, un hombre de 37 años que trabajaba como cocinero y delivery.

Según explicó Estefany Villalobos, a su esposo ya le habían dado los permisos para poder trabajar y un RUT para comenzar a cotizar en la AFP.

“Él en Venezuela trabajaba de obrero en Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), pero como la cosa se puso muy mala, decidimos venir para acá. Trabajaba de varias cosas y quería hacer todo legal”, afirmó la mujer, en diálogo con diario El Día.

Asimismo, aclaró que su pareja “no tenía antecedentes, no era un delincuente”.

Respecto al supuesto intento de atropello en contra del funcionario policial, quien hizo uso de su arma en medio de un control vehicular, Estefany sostuvo que “él no vio la fiscalización. Luego evadió la bicicleta (del carabinero) porque se iba a caer de la moto, cuando el carabinero le disparó”.

“No era necesario que le tirara al pecho. Si es como dicen que intentó escapar, debió disparar a una pierna o a la moto, no a su pecho”, recalcó.

Por lo pronto, la mujer dará inicio a los trámites para repatriar el cuerpo de la víctima.

“Me pidieron su acta de nacimiento apostillada, y como vale plata toma tiempo. Por lo menos de 15 a 20 días hábiles que es lo más pronto que lo pueden sacar en Venezuela. Apenas tenga el dinero, gracias a familiares que nos van a ayudar, me voy con él y mis hijos de vuelta a Venezuela”, reveló.

De igual, adelantó que seguirá buscando justicia por Nehomar.

“Le disparó precisamente en el pecho para matarlo, lo matí porque quiso, porque delincuente no es. No le encontraron droga ni ninguna sustancia ilegal. Les pido que por favor me ayuden, quedé con cuatro niños. Y necesito que ese carabinero pague por lo que hizo”, le dijo Villalobos a 24 Horas.

¿Qué dice en INDH?

Al tanto de este caso, Tarcila Piña, directora regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), comunicó que “hemos dispuesto oficiar al Ministerio Público para que adopte las medidas necesarias para que esta investigación se realice en conformidad a los estándares internacionales de protección a los Derechos Humanos”.

En esa línea, pidió que “se realice la autopsia por parte del Servicio Médico Legal conforme al Protocolo de Minnesota, el cual es un procedimiento recomendado por las Naciones Unidas para investigar ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias”.

En base a estos resultados, desde el INDH no descartan presentar acciones judiciales.