La Justicia italiana condenó hoy a cadena perpetua a 24 jerarcas y militares de Bolivia, Chile, Uruguay y Perú acusados de la desaparición de italianos en la Operación Cóndor, el plan represor en América Latina durante las décadas de 1970 y 1980.

El Tribunal de Apelación de Roma cambia de este modo la sentencia en primera instancia de enero de 2017, que estableció ocho cadenas perpetuas pero absolvió a 19 imputados por haber prescrito los delitos, un fallo que había decepcionado enormemente a los familiares acusadores.

Entre los condenados hoy está el exmilitar uruguayo Jorge Néstor Troccoli, de 69 años, el único que ha debido personarse en el proceso ya que reside en libertad en Italia desde que se escapara de la Justicia de su país en 2007. En un principio fue absuelto.

Ahora, sin embargo, queda por ver si este antiguo militar del cuerpo de fusileros navales durante la dictadura (1973-1985), al que se le imputa la desaparición de una veintena de personas, recurre al Supremo.

La Fiscalía había reclamado cadena perpetua para todos los imputados.

En la primera instancia fueron condenados a cadena perpetua ocho personas, todas en contumacia, sin personarse en Roma, como el dictador boliviano Luis García Meza, fallecido en abril de 2018, y su ministro del Interior, Luis Arce Gómez.

Y también el expresidente peruano Francisco Morales Bermúdez; su primer ministro Pedro Richter Prada, muerto en julio de 2017; el exmilitar peruano Germán Ruiz; los chilenos Hernán Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama, y el excanciller uruguayo Juan Carlos Blanco.

Chilenos condenados por el Plan Cóndor

Ahora a estos condenados se suman los exmilitares chilenos Pedro Octavio Espinoza Bravo, Daniel Aguirre Mora, Carlos Luco Astroza, Orlando Moreno Vásquez y Manuel Abraham Vásquez Chauan, y el peruano Martín Martínez Garay.

Asimismo los exmilitares uruguayos José Ricardo Arab, José Horacio Gavazzo, Juan Carlos Larcebeau, Pedro Antonio Mato, Luis Alfredo Maurente, Ricardo José Medina, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira, Ernesto Soca y Gilverto Vázquez.

Todos han sido condenados por los delitos de homicidio voluntario y deberán también pagar las costas del juicio y una serie de indemnizaciones a familiares y asociaciones que componen la acusación, como el Frente Amplio uruguayo.

Este proceso comenzó con la denuncia hace exactamente veinte años en Italia, en 1999, de algunos familiares de desaparecidos, un año después de que se ordenara la detención del dictador chileno Augusto Pinochet tras la investigación del juez español Baltasar Garzón.