Dicen que cuando la justicia tarda demasiado ya no es justicia. En el caso de Gloria Stockle (21), asesinada hace 27 años, su madre murió de cáncer sin saber si los culpables pagarían.

El 30 de enero de 1984, dos peques jugaban en la orilla del río Copiapó, en la Región de Atacama, cuando se toparon con un extraño bulto que les llamó la atención. Al acercarse y mirarlo bien quedaron pa' dentro. El cuerpo semidesnudo de una joven yacía sumergido boca abajo en la ribera norte del lecho, oculto entre matorrales de totora.

Cuando la policía revisó el cadáver notó que la mujer había sido brutalmente golpeada. La ropa desgarrada que localizaron a un par de metros indicaba que la pobrecita además había sido víctima de violencia sexual.

COMPLEJO

El descubrimiento de los menores iniciaría una extensa y muy trabada investigación que incluiría encubrimiento, presiones, amenazas y hasta atentados para ocultar la verdad. Solo 27 años después una sentencia dictada por Álvaro Carrasco Labra, ministro en visita extraordinario del Primer Juzgado de Letras de Copiapó, sancionaría a los responsables.

En un primer momento, cuando Gloria Ana Stockle Poblete no regresó a su casa en Copiapó la noche del 28 de enero de 1984, su familia no se urgió, porque la joven tuvo un encontrón hogareño y amenazó con que se iría para Santiago.

Cuando identificaron a la víctima, a su familia se les vino el mundo encima.

El dolor de su pérdida se vio aumentado cuando la búsqueda de justicia chocaba constantemente con pérdidas de documentos, diligencias negadas por parte del Ejército y escasísima colaboración de quienes asistieron esa noche a la desgraciada fiesta en el Casino de Oficiales del Regimiento de Infantería Motorizada Nº 23 de Copiapó.

BRUTAL

De acuerdo al fallo judicial emitido el pasado 21 de marzo, esa noche del 28 de enero de 1984 Gloria fue invitada junto a unas amigas a una celebración en el recinto castrense.

En medio del carrete, la joven fue vista discutiendo y forcejeando con un par de personas, donde se sumaría un cuarto involucrado.

Según el relato de testigos que declararon en el proceso, la joven fue forzada a tener relaciones sexuales y luego fue violentamente golpeada hasta la muerte dentro del recinto militar.

Luego, los restos de la víctima fueron cargados hasta un auto y trasladados hasta la orilla del río donde posteriormente fue hallada.

La condena dictada por el juez Carrasco impuso 5 años y un día de prisión, por el delito de homicidio simple, contra el entonces capitán Mario Martínez Villarroel (actual teniente coronel en retiro), el teniente Sebastián Flores Cañas (ahora mayor en retiro) y el entonces vicecónsul de Italia en Copiapó, el civil Ivo Lingua Latorre.

"La violación no pudo ser acreditada por un tema técnico, ya que las muestras biológicas llegaron en un estado de putrefacción al Servicio Médico Legal, por lo que no sirvieron", explicó a La Cuarta el abogado querellante Erick Villegas, quien detalló que los agresores introdujeron barro en la zona genital de la víctima con el fin de ocultar cualquier evidencia.

"Con este fallo la familia logró tranquilidad", valoró el profesional, quien dedicó 27 de sus 31 años de profesión para lograr alcanzar la esquiva justicia ante esta atrocidad.

"ME PUSIERON UN EXPLOSIVO EN EL AUTO"

Erick Villegas, abogado querellante en el caso, la vio muy dura durante los 27 años que le dedicó a identificar y condenar a los culpables del crimen de la joven. "Hubo muchas presiones contra los testigos, los intimidaron, incluso el Ejército realizó una operación de inteligencia para destinar a otros lugares del país a funcionarios que presenciaron los hechos, conocida como 'Operación Mauricio'", detalló a La Cuarta el profesional.

"En septiembre de 1988 me pusieron un explosivo más potente que el TNT en el auto. Afortunadamente se desprendió y se fragmentó", relató Villegas.