El pleno del Tribunal Constitucional (TC) decretó la tarde de ayer, por ocho votos contra dos, inconstitucional el reglamento de objeción de conciencia en el marco de la ley de despenalización del aborto en tres causales.

Lo anterior significa que revirtió el pronunciamiento que había hecho la Contraloría y determinó que las clínicas privadas sí pueden negarse a realizar abortos pese a que mantengan convenios con el Estado.

De los 87 establecimientos que señalaba en Minsal en un informe, sólo seis eran los casos concretos donde existe un convenio con el Estado y reciben recursos.

Las seis instituciones involucradas son la Clínica Oncológica Arturo López Pérez, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, el Parroquial de San Bernardo, el Hospital San Francisco de Pucón, el Hospital Padre Bernabé de la Lucerna de Panguipulli y la Clínica de Puerto Varas.

Desde el oficialismo señalaron que el reglamento vulnera la autonomía, la libertad de asociación y de conciencia de instituciones de salud que suscribieron convenios con el Estado.

Acatarán el fallo

Desde el Ministerio de Salud informaron que ya tomaron "conocimiento de la votación del Tribunal Constitucional (TC), en la cual acoge los requerimientos de inconstitucionalidad recaídos sobre el reglamento que regula la objeción de conciencia en materia de interrupción voluntaria del embarazo".

Agregaron de paso que "este Ministerio acatará el fallo, de manera que una vez conocida la sentencia, adoptará todas las medidas que sean necesarias para implementar lo resuelto".

Respecto a lo anterior, la secretaria abogada del TC, Mónica Sánchez, aseguró que "la sentencia será expedida y notificada a más tardar el 8 de enero de 2019 dentro de los plazos que establecen nuestra ley orgánica constitucional".

Desconcertados

Miembros de la oposición lamentaron la resolución del TC e informaron que no se quedarán de brazos cruzados y darán la lucha para revertir el dictamen.

El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Juan Luis Castro (PS), anunció que repondrá un proyecto para restringir a las clínicas que tienen convenios con el Estado a ser objetoras de conciencia.

Además, aseguró que "esto es un balde de agua fría para miles de mujeres en Chile. La letra chica y la controversia por el reglamento, que es la llave de aplicación de las leyes, hace que por primera vez un Gobierno en Chile no defienda su propio reglamento y además lo deje caer estrepitosamente".