Luego de que se le informara a los empleadores sobre la rebaja del precio GES que ordenó la Corte Suprema para la totalidad de sus afiliados, el gobierno está tramitando en el Congreso un proyecto que, según la Asociación de Isapres, permitirá que la industria pueda incrementar los precios de los planes de salud en un 2,8% promedio en abril, medida que el gremio ha calificado como “insuficiente”.

Mientras que los senadores están tramitando en paralelo la llamada ley corta de isapres, que busca dar una solución más integral a los efectos que generan los fallos sobre tabla de factores y GES, pero podría ser aprobada recién en abril de 2024.

Por este motivo, esta semana las isapres Banmédica y Vida Tres renunciaron a la Asociación de Isapres y empezaron a tomar medidas de manera independiente. Y ahora también hay clínicas que también tomaron cartas en el asunto producto de la crisis que atraviesa el sector.

Red Dávila y Clínica Santa María, de propiedad de Empresas Banmédica, del grupo inglés UnitedHealth Group (UHG), enviaron este miércoles enviaron una carta a todas las ispares, solicitando concretar una reunión para poder renegociar los convenios vigentes.

Cabe destacar que actualmente cerca del 91% de los ingresos de clínica Santa María corresponden a atenciones realizadas a beneficiarios del sistema privado. En cambio, en Red Dávila representa alrededor de un 50% de sus ingresos.

En la carta enviada bajo el asunto “urgente: solicitud de reunión”, el gerente general de Red Dávila, José Ignacio Valenzuela, afirma que “dada la compleja situación que enfrentan las isapres, en representación de Red Dávila, quiero manifestar nuestra preocupación por la estabilidad financiera de esta industria y en particular de los efectos que esto pueda tener en nuestras clínicas”.

Y continúa: “Diversos actores han alertado que la aplicación del fallo de la Corte Suprema sobre la prima GES producirá una reducción significativa en los ingresos de las isapres comprometiendo su equilibrio financiero. Esto podría repercutir en los prestadores privados de salud con efecto directo en los miles de pacientes que se atienden con nosotros”.

A raíz de lo anterior, y “teniendo en cuenta que las medidas hoy discutidas por vía legislativa no lograrían equilibrar los ingresos de las isapres y que, además, en nuestro caso particular la situación se agravaría por la demora en los pagos de Fonasa, nos vemos en la necesidad de solicitar una reunión a la brevedad para conocer de primera mano el estado de su isapre en este escenario, entender cómo se garantizarán los pagos y analizar los nuevos términos para mantener nuestro convenio vigente en el futuro”.

El texto finaliza argumentando que la idea “es poder reunirnos dentro de los próximos cinco días hábiles para que a más tardar dentro de un mes actualicemos las condiciones del convenio suscrito”.

La carta de la Clínica Santa María

Por su parte, la carta que envió a todas las isapres el gerente general de Clínica Santa María, Martín Manterola, es en esta misma línea. “Según lo han señalado de manera explícita el gobierno, el superintendente de Salud y otros actores del sistema de salud privado, la situación actual, agravada por la reciente ejecución de las sentencias dictadas por la Excma. Corte Suprema en materia de prima GES, tendrá en lo inmediato un impacto significativo en los ingresos de las isapres, lo que comprometería su equilibrio financiero”.

“Ante la falta de una solución legislativa o regulatoria concreta, es esperable que en Clínica Santa María muy pronto veamos afectados nuestros pagos y con ello nuestra propia sostenibilidad, lo que nos obliga a acordar medidas de resguardo adicionales a las contenidas en los convenios actuales, velando por la continuidad en las atenciones de nuestros pacientes”, continúa la carta publicada por Pulso.

Manterola pide una reunión dentro de los próximos cinco días hábiles, “con el objeto de conocer la situación particular de su isapre en el escenario actual, a fin de acordar compromisos concretos de su institución con nuestra clínica para garantizar el cumplimiento de los pagos ajustando nuestros convenios vigentes”.

Finalizó el texto diciendo que “dada la urgencia, estimamos necesario que, dentro de un plazo de 30 días, acordemos las nuevas condiciones que regirán nuestros contratos en lo sucesivo”.

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