Desde Gendarmería han informado que unos 208 líderes delictuales operan desde el interior de algún recinto penitenciario.
Corría el 2011 cuando la Subsecretaría de Telecomunicaciones arrancó con un plan piloto que consistía en instalar inhibidores de señal para evitar las comunicaciones por teléfono desde el interior de las cárceles hacia el exterior.
Sin embargo, la idea no prosperó porque, según declaró la propia institución hace ya más de una década, “presentó problemas técnicos, pues al bloquear la señal se dejaba sin servicio sectores aledaños a las cárceles, que no tienen por qué pagar por los delitos de otros”.
Además, según declaró a Meganoticias el presidente ejecutivo de Chile Telcos, Alfie Ulloa, “al final, el proyecto se abortó, porque no había posibilidad de resguardar las antenas y no funcionaba”, en vista de que “las rompían y las saboteaban constantemente”.
Hoy, el problema se ha profundizado; de hecho, según datos de Gendarmería, al menos 25 mil celulares se requisan en el país en las distintas cárceles del país. Muchos se esos aparatos se han utilizado para organizar motines, estafas y otros delitos desde el interior de los penales.
El exdirector nacional de gendarmería, Christian Alveal, contó al citado medio que los teléfonos llegan a los recintos tras ser lanzados desde el exterior, a través de drones, funcionarios uniformados y abogados que visitan a los presos.
Segundo intento
Frente a dicho escenario, un grupo de diputados presentó un proyecto de ley el pasado miércoles, el cual obliga a instalar antenas para acabar con el uso de celulares por parte de los delincuentes, al retomar la instalación de antenas que inhiben la señal telefónica.
Y es que, según el último informe de inteligencia y análisis criminal de Gendarmería, dentro de toda la población penal del país hay 208 cabecillas de bandas criminales que operan desde los centros penitenciarios.
La iniciativa “busca requisar y evitar que hayan operaciones de delitos desde las cárceles, pero también tiene que venir añadido con un proyecto que desincentive a los propios gendarmes a vincularse con estos grupos organizados”, declaró el diputado Miguel Ángel Calisto (DC).
“Las cárceles se están tomando las calles”, remarcó su colega Joanna Pérez (DC). “No se está cumpliendo con estos inhibidores, filtros y con todo el sistema de tecnología. Se intentó, pero lamentablemente fracasó”.
“Mucho de lo que está ocurriendo en las poblaciones se está decidiendo en las cárceles”, remató, “y hay gente que no entiende todavía la importancia de lo penitenciario como parte de la seguridad pública”.
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