La semana pasada, la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus) presentó una demanda colectiva en contra de la Sociedad Concesionaria Vespucio Oriente.

El motivo fueron “los problemas de calidad y seguridad causados por filtraciones de agua y anegamiento” en la autopista AVO Oriente, en el tramo Avenida El Salto – Príncipe de Gales.

Según informó La Tercera, la demanda fue acogida por el 9° Juzgado Civil de Santiago, y en ella se acusa a la concesionaria de presentar fallas en su servicio por el mal estado de las rutas desde agosto de 2023.

Esto, producto de filtraciones de agua que han formando charcos y anegamientos, especialmente en el sector del Puente Centenario y en la conexión de Costanera Norte hacia el oriente.

“La concesionaria ha afectado patrimonialmente a los consumidores usuarios al haber aplicado durante el periodo que se han verificado los referidos ilícitos, el cobro total de las mismas tarifas por el uso de dichos servicios en evidente estado de deficiencia y riesgo”, señala el documento.

Los problemas que han provocado las filtraciones

Conadecus pidió al tribunal condenar a la sociedad concesionaria por vulnerar la Ley N° 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores. Además, solicitó la indemnización de los perjuicios provocados a consumidores afectados por “daños patrimoniales y morales colectivos”.

“Los problemas en la autopista, como bloqueos de pistas debido a obras de mejora o cierres de tramos, pueden causar retrasos en los traslados de los usuarios. Esto puede tener un impacto en la puntualidad en el trabajo, en las citas médicas y en otras actividades importantes. No podemos olvidar que uno de los objetivos de esta autopista era disminuir los tiempos de desplazamiento de los usuarios, lo que afecta directamente en su calidad de vida e integridad psíquica”, concluyó Conadecus.

El mencionado medio destaca que la ministra de Obras Públicas, Jessica López, ha expresado a la prensa que la empresa es responsable de los hechos y que debe compensar a los consumidores, frente a lo cual reconoce la legislación este procedimiento como único mecanismo resarcitorio judicial de carácter colectivo.

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