El sueño que en 2002 Iván Zamorano hizo posible, su propia Ciudad Deportiva, un ambicioso proyecto de doce hectáreas que unía a las comunas de Las Condes, La Reina y Providencia diseñado para la práctica de múltiples disciplinas (fútbol, natación, baloncesto, gimnasia, tenis, voleibol, hockey, rugby y pádel), se vino abajo casi quince años más tarde, en 2017, entre millonarias deudas, y en definitiva pasó a manos de la Universidad San Sebastián (USS) en 2021.

El proceso, pesado, doloroso, estuvo acompañado además de un par de procesos judiciales. El mismo año en que cerró —momentáneamente— sus puertas, el excapitán de la Roja, a través de su empresa Del Inca Sociedad de Inversiones Limitada, presentó una demanda contra el exgerente de la compañía controladora, Miguel Fernández Ainzua, a quien acusó de estafarlo con 85 millones de pesos, y el propietario de la firma (RedSolución) que llevaba las finanzas del proyecto, José Miguel Guzmán.

El litigio, sin embargo, no prosperó. En mayo de 2021, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decidió absolver a los dos exasesores de “Bam Bam”.

Pero las cosas no se iban a quedar así. Un año más tarde, Guzmán buscó una compensación. Argumentó que Zamorano y su socio, el exkinesiólogo de la Roja Alejandro Kock, habían causado un daño reputacional incalculable, de modo que se querelló ante el 10° Juzgado Civil de Santiago. Exigía una indemnización de 600 millones de pesos y, además, disculpas públicas.

Lo que ahora finalmente se zanjó.

A casi diez años de iniciada la disputa legal, la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió rechazar la indemnización en favor de José Miguel Guzmán.

En mayo de 2025, el tribunal civil ya había desestimado la acción judicial. Determinaron, entonces, que las publicaciones de prensa en donde Guzmán era presuntamente expuesto, parte de las pruebas, no acreditaban la intención de dañarlo. La denuncia del “1+8” tampoco: “La sola interposición de una querella, así como ocurre con una denuncia por un delito, no supone de por sí una intención de provocar daño en contra del denunciado o querellado, si no que en un estado normal de las cosas este tipo de acciones judiciales no son más que el ejercicio de un legítimo derecho”.

Los abogados de Guzmán apelaron, pero ahora el fallo de la Octava Sala de la Corte de Apelaciones, compuesta por la ministra Sandra Araya, el ministro Alejandro Rivara y la abogada integrante Soledad Krause, fue unánime.

“El fallo nos parece muy contundente en el sentido de ratificar que Iván Zamorano y Alejandro Kock actuaron en forma diligente y responsable en relación a las irregularidades detectadas por la auditoría contratada, y que la demanda deducida en su contra fue infundada, además de extemporánea”, celebró el abogado del exdelantero, Guillermo Arthur.

Mientras, el equipo del demandante buscará revertir el dictamen mediante un recurso de casación. Mencionan al menos cuatro errores de derecho que habrían influido. Como sea, por el momento “Bam Bam” anotó primero.