Patricio Rubio es sinónimo de goles en nuestro querido fútbol nacional. Sin embargo, esta vez el delantero protagoniza un hecho fuera de las canchas, específicamente en el plano judicial.

Según consignó La Tercera, el “Pato” figura entre los cinco nuevos imputados en el millonario fraude a Primus Capital, megacaso en el que exejecutivos de la empresa y empresarios son investigados por la presunta emisión de facturas falsas y cheques adulterados.

Rubio fue imputado ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago. En la misma arista también aparecen Rodrigo Mardones, exdirector de Clínica Las Condes; el abogado Gonzalo Diéguez; y los empresarios Hugo Villagrán y Juan Bañados.

“Las personas singularizadas intervinieron concertadamente con los líderes de la organización en la concreción del plan delictivo, facilitando sociedades mercantiles y aportando documentos falsos para simular operaciones con Primus”, expresa la querella.

Además, en la acción judicial se apunta que estos individuos habrían facilitado sus cuentas personales para realizar triangulaciones a los líderes de acto delictual y “asegurar el desvío de los fondos de la empresa”.

Respecto al futbolista de Unión Española, la investigación señala su cercanía con Antonio Guzmán, abogado y uno de los principales imputados en este caso. De acuerdo con el Ministerio Público, el deportista habría facilitado cheques personales que terminaron protestados por firmas no registradas, los que habrían sido utilizados para respaldar operaciones comerciales vinculadas al imputado.

A cambio, según la tesis de la Fiscalía, el ex Universidad de Chile habría recibido dinero proveniente de negocios realizados con facturas y cheques falsificados.

En la última querella presentada por Primus Capital, los acusados enfrentan imputaciones por estafa, apropiación indebida, lavado de activos y falsificación de instrumento privado mercantil. Según la acción penal, los cinco involucrados habrían causado un perjuicio cercano a los $20.000 millones a la empresa.

Próxima audiencia será 6 de agosto, en aquella instancia se discutirán las medidas cautelares.