Tras casi dos semanas de investigación, las cuentas oficiales de la ANFP en redes sociales dieron a conocer las conclusiones de la investigación relacionada a la denuncia que surgió por las grabaciones de audio del árbitro Francisco Gilabert en relación al partido definitorio entre Huachipato y Copiapó.

Dicho encuentro definió al último equipo que formaría parte del Torneo Nacional durante la presente temporada y, según daba a entender el referí, habría sido el foco de presiones extrafutbolísticas para favorecer a un equipo durante un confuso diálogo con la cabina del VAR. Algo que con el tiempo fue desacreditado por la propia revisión de los registros de esa conversación.

El abogado Miguel Ángel Valdés, oficial de cumplimiento de la ANFP, se encargó de confeccionar un informe a partir de diversas indagatorias, incluidas varias conversaciones con el propio Gilabert, además de los árbitros presentes en el VAR.

Y en ese escenario, la conclusión oficial es que las palabras de Gilabert no correspondían a la realidad y fueron creadas específicamente para “desacreditar y desestablizar al arbitraje chileno”. Una acción que se concretó en medio de las importantes modificaciones que impartió la comisión arbitral liderada por Javier Castrilli.

“Se pudo determinar fehacientemente, en más de 200 páginas del informe de investigación internas, a través de entrevistas, recopilación de datos, informes (externos e internos) y diversas pruebas documentales, que no existe ni ha existido intervención o presión indebida, abuso de autoridad ni injerencia alguna de parte de terceros, respecto a la decisión adoptada por el árbitro, el Sr. Gilabert”, plantea el informe publicado en la página oficial de la ANFP.

Como parte de la investigación, las conclusiones plantean que se recopilaron antecedentes y datos “que evidencian la existencia de actos destinados a desacreditar y difundir información distorsionada para desestabilizar el arbitraje chileno, que dañaron a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y la transparencia de la actividad”, agregan.

La recomendación del informe es enviar los antecedentes al Tribunal de Disciplina e inclusive al Ministerio Público, en base a conductas relacionadas a la reproducción de conversaciones privadas.