La discusión sobre las apuestas online en Chile sigue subiendo de temperatura, pero para la periodista y cientista Antonia Paz, el foco del debate está completamente distorsionado.

Paz crítica con un dato que golpea: “uno de cada cuatro jóvenes, un 26% entre 12 y 32 años, reconoce haber apostado en el último año”. Para ella, eso confirma que “estamos ante un problema real, urgente y de escala masiva”.

Pero justamente por eso, lanza un argumento: “Resulta inaceptable que ese mismo riesgo esté siendo instrumentalizado como argumento para no regular”.

Según plantea la cientista, el debate se ha instalado en una lógica engañosa: “¿Proteger a los menores o regular el mercado?”. Y lo baja a tierra sin rodeos: “la respuesta correcta y evidente es ambas”.

El problema, dice, es que esa discusión se ha empujado “hacia una falsa disyuntiva”, donde todo termina reduciéndose a prohibir o simplemente no hacer nada. “En ese vacío, hay actores que ganan”, advierte.

El dardo a la Polla

Uno de los capítulos más duros de su análisis apunta a la Polla Chilena de Beneficencia. Paz sostiene que su postura no puede leerse solo desde lo moral.

“La posición no puede analizarse en abstracto”, explica, recordando que se trata de un actor estatal con “resultados financieros deteriorados” y un modelo que no ha logrado adaptarse al mundo digital.

En ese contexto, afirma que el discurso de protección a menores “comienza a adquirir un matiz distinto”.

“No sólo es una preocupación legítima, sino también una herramienta funcional para bloquear la entrada de competidores”, lanza.

“Esto no es política pública. Es defensa de mercado bajo ropaje moral”, remata.

Un mercado que ya existe

Para la periodista, hay algo que el debate simplemente está ignorando: el mercado ya está funcionando. “El dato es brutal: miles de jóvenes ya están apostando”, asegura.

El problema, insiste, es que lo hacen en un escenario sin reglas claras: “Sin supervisión, sin tributación efectiva, sin mecanismos robustos de control de edad y sin responsabilidad frente a conductas adictivas”.

En esa línea, dispara que la idea de prohibir “no ha reducido el fenómeno. Lo ha trasladado a la informalidad digital”.

Y ahí, según describe, el Estado pierde por todos lados: “pierde recaudación, pierde capacidad de fiscalización y, lo más grave, pierde la posibilidad de proteger a los menores de verdad”.

Tecnología hay, pero no se usa

Otro punto clave de su argumento es que hoy sí existen herramientas para controlar el acceso.

Desde verificación de identidad hasta biometría en tiempo real, asegura que “existen mecanismos tecnológicos suficientemente robustos para impedir —o al menos reducir drásticamente— el acceso de menores”.

Por lo mismo, insiste en que el problema no es técnico: “es regulatorio”.

Incluso va más allá y plantea qué se podría exigir: “identificación obligatoria, verificación con bases oficiales, bloqueo automático de menores y autoexcluidos, límites de gasto y auditoría estatal en tiempo real”.

“Esto no sólo es posible. Es estándar en múltiples jurisdicciones”, sostiene.

Para Paz, el punto de fondo es el rol del Estado. Y ahí su crítica sube de tono.

“Cuando el Estado sabe que existe un riesgo —y dispone de herramientas para mitigarlo—, pero opta por no actuar, la omisión deja de ser neutral”, afirma.

¿En qué se transforma? “En negligencia estructural”.

La pregunta que deja instalada es directa: “¿Es más peligroso regular mal o no regular en absoluto?”.

Y su respuesta es tajante: “la ausencia de regulación es siempre el peor escenario”.

Entre discursos y realidad

En su análisis, Chile estaría atrapado en una mezcla compleja: “discursos moralizantes, intereses económicos encubiertos y una incapacidad política de enfrentar el problema con seriedad técnica”.

Mientras tanto, recalca, el fenómeno sigue creciendo sin control.

Al cierre, la autora simplifica el dilema: si el objetivo es proteger a menores, recaudar y ordenar el mercado, hay un solo camino.

“Si el objetivo es proteger a los menores, hay que regular con tecnología. Si el objetivo es recaudar, hay que formalizar el mercado. Si el objetivo es competencia, hay que abrir con reglas claras”, plantea.

Todo lo demás, advierte, es otra cosa. “Prohibiciones simbólicas, vacíos legales, discursos alarmistas… no es protección. Es pura y simple hipocresía regulatoria”.

“El problema es que el Estado, pudiendo intervenir, ha preferido mirar hacia el lado”, concluye.