La Copa Libertadores regresó. Pero no para todos. O al menos, no para Leonardo Valencia. El cuestionado jugador del Colo habría quedado fuera de la formación titular, pese a que fue reservado para el duelo de esta noche ante Peñarol (19:15 horas).

La decisión la tomó Gualberto Jara en la mañana de ayer, donde había incluido al "10" en el mediocampo, para luego reemplazarlo por Carlos Carmona y así sentenciar a sus 11 bendecidos (ver cancha).

Casualmente, a esa misma hora, la justicia también se estaba jugando su propio partido con el futbolista. Es que tal como estaba establecido, el Tribunal de San Bernardo iba a poner fin a la investigación el 3 de noviembre, pues no había podido tomarle declaraciones a Valería Pérez, su ex.

"El teléfono que tenía ella estaba asociado a la cuenta de Valencia y él llegó y lo cortó. Por lo tanto, la Fiscalía nunca pudo ponerse en contacto con Valeria y decidió poner término al proceso a través de una comunicación de no perseverar", detalló el abogado de la madre de los hijos del jugador, Sebastián Vargas, a LaCuarta.com.

Sin embargo, el Ministerio Público echó pie atrás y ante la evidencia mostrada no sólo seguirá adelante con las pesquisas, además podría tomar una decisión trascendental. "Es posible que recopile toda la información pertinente y pida la formalización de Leonardo Valencia por los delitos que la Fiscalía estime pertinente. Nosotros creemos que es el delito de maltrato habitual", agregó el leguleyo.

En palabras simples, el juzgado le avisará al Leo que está siendo investigado por violencia intrafamiliar.

Lo concreto

Esta formalización le permite a la justicia tomar varias medidas que hoy no logra sólo investigando. ¿Ejemplo? Valencia podría quedar con arraigo total o, incluso, podría ser privado de libertad si lo consideran un peligro para la sociedad.

Además, la acción judicial también le da facultades al Ministerio Público para ponerle un plazo a la investigación y así no alargar más de la cuenta el juicio y la posible condena. La misma que está esperando ByN para tomar cartas en el asunto y así despedirlo sin pagarle los 450 millones de pesos, que le corresponden por contrato.