El pasado 20 de octubre se dio a conocer una impactante denuncia de violación grupal. Una joven acusó haber sido víctima de un ataque sexual “en manada” por parte de cadetes del club Cobreloa.

De acuerdo a su relato, revelado en el Congreso, el ataque se registró en las fiestas patrias de hace dos años, el 17 de septiembre de 2021, en el centro formativo llamado “La Casa Naranja”, ubicada a un costado del Estadio Luis Becerra Constanzo, en la ciudad de Calama.

El caso fue llevado por la diputada Erika Olivera a la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputadas y Diputados, acusando que la denuncia se mantuvo archivada y no tuvo acogida en las instituciones. Recién se reabrió hace poco.

Secuelas de una denuncia

Según detalló El Deportivo, los efectos de esta fuerte declaración llegaron a la ANFP. En primera instancia, los parlamentarios Andrés Giordano y Marisela Santibáñez elevaron una nota dirigida a Pablo Milad, el presidente de la asociación del fútbol chileno, en la que fustigan la falta de acciones concretas frente a la grave situación.

Posteriormente, el directivo fue citado a una sesión secreta de la Comisión de Deportes, en la que tendrá que explicar el accionar de la entidad que dirige en el caso. La cita se concretará el 7 de noviembre en la sede del Parlamento.

En el documento, los parlamentarios sostienen que “es de público conocimiento la denuncia realizada por una joven de iniciales V.J.N.V, quien señaló haber sido víctima de una violación masiva por parte de un grupo de ocho a diez cadetes del club Cobreloa, al interior de la Casa Naranja. El hecho estaba en conocimiento tanto por parte del club como de la ANFP, quienes no solo no acogieron el relato de la víctima, sino que además, no activaron los protocolos correspondientes”.

Asimismo, señalan que “se debió haber recurrido a lo establecido en el Decreto Supremo N° 21 del 2020 sobre la Ley N° 21.197 contra el Abuso sexual, Acoso sexual, Discriminación y Maltrato en la actividad deportiva nacional. Cuando una denuncia oficial sea recibida por parte de una organización deportiva regida por la Ley Nº 19.712 acusando acoso sexual, abuso sexual, discriminación o maltrato, la autoridad institucional responsable deberá llevar a cabo de manera pronta y diligente todas las acciones requeridas según los procedimientos de intervención establecidos en el Protocolo. Esto deberá ocurrir desde el momento en que se haya recibido formalmente la denuncia, hasta que se haya completado su resolución”, expone.

En la carta también se precisa que “resulta impresentable que tanto el club como la ANFP no hayan actuado según exige la ley. Considerando, además, que parte de los denunciados juegan hoy en el equipo adulto, es que como diputado y diputada miembros de la Comisión de Deporte y Recreación solicitamos a usted se pronuncie respecto a los hechos señalados, entregue los antecedentes pertinentes y tome las medidas correspondientes en su rol de presidente de la ANFP”, manifiesta la nota.

Qué dijo la ANFP por caso de violación en manada

A través de una declaración pública, la ANFP señaló que tomó conocimiento de una “denuncia sobre eventuales abusos sexuales” el 18 de enero de 2023 y “se analizó de acuerdo con lo establecido por el Protocolo General” que rige en un decreto del Ministerio del Deporte.

Aseguraron que un día después, los antecedentes fueron remitidos al Club de Deportes Cobreloa, para cumplir el protocolo y que, “debido a que los hechos denunciados pudieron revestir carácter de delito”, el club “presentó una denuncia ante Ministerio Público el día 24 de enero de 2023″.

“Desde que se conocieron los hechos, la ANFP ha estado en permanente contacto con las autoridades de Cobreloa para dar total seguimiento al desarrollo de este caso, así como para velar por el total cumplimiento de los protocolos que dictan el modo de actuar ante este tipo de situaciones”, juraron en la institución.

Agregaron que “la ANFP rechaza y condena todo tipo de conductas ilícitas, abusivas y delictivas en el contexto del desarrollo de la actividad deportiva, razón por la cual se han implementado rigurosos controles en la aplicación de los protocolos necesarios para esclarecer y resolver de la manera más eficiente y transparente este tipo de denuncias”.

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