El 2 de octubre un grupo de personas interrumpió el tránsito en las afueras del Internado Nacional Barros Arana (INBA), arrojando bombas molotov. Ante esto, efectivos de fuerzas especiales de Carabineros ingresaron al establecimientos, donde fueron recibidos con sillazos, patadas y otros elementos contundentes.

Nueve días después, el alcalde de Santiago Felipe Alessandri publicó y viralizó el video, donde hizo hincapié en endurecer los castigos. "A los que no quieren el proyecto de ley Aula Segura, los invito a ver este video de los pobres niños que piden debido proceso. ¡Hasta cuando!", expresó el édil a través de su cuenta de twitter.

La condena de la ciudadanía fue transversal en todos los sectores y el gobierno aprovechó esta instancia para sacar a flote el controvertido proyecto.

Desde la ministra de Educación, Marcela Cubillos, hasta la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, salieron a reinvindicar el caballito de batalla del oficialismo que se convirtió en Ley el 12 de noviembre. Sólo falta su publicación en el diario oficial.

Mano dura

Millones de pesos en pérdidas por destrucción de edificios, ataques incendiarios y golpizas de encapuchaos en contra de Carabineros fueron las razones perfectas para impulsar el proyecto de ley Aula Segura.