El hospital Lake Alice fue un centro psiquiátrico rural ubicado en una zona rural al sur de Auckland, en Nueva Zelanda, que por décadas escondió oscuros secretos.

A lo largo de las últimas décadas, expacientes de la unidad de niños y adolescentes del hospital denunciaron que en el lugar se produjeron terribles abusos y castigos. Araíz de esas denuncias, el gobierno emitió una disculpa en 2001 y pagó más de 6 millones de dólares en compensación a 183 víctimas.

El gobierno inicialmente se negó a reconocer y ofrecer reparación por los efectos a largo plazo de los abusos y torturas físicas, sexuales y psicológicas, pero ahora el primer ministro, Christopher Luxon, tuvo que disculparse tras los terribles hallazgos de una nueva investigación pública que confirmaron que lo que ocurrió en Lake Alice fue solo la punta del iceberg.

Según un reporte, alrededor de 200.000 niños, jóvenes y adultos vulnerables sufrieron abusos como violaciones, esterilización, descargas eléctricas, trabajos forzados e inclusive castigos médicos con inyecciones paralizantes mientras estuvieron bajo el cuidado del Estado y de grupos religiosos durante cerca de 70 años.

En más de 3 mil declaraciones, también se constató la falta de cuidado, higiene y mal trato psicológico y físico que sufrieron las víctimas en lugares que debían velar por su integridad.

“Un día oscuro y triste en la historia de Nueva Zelanda”

El informe detectó que, entre 1950 y 2019, uno de cada tres niños y uno de cada tres adultos vulnerables fueron víctimas de algún tipo de abuso en centros de atención. En ese sentido, la mayoría de las víctimas actualmente tienen más de 50 años, quienes hasta el día de hoy padecen de las secuelas, aunque también se constató que los abusos también condujeron a muchos suicidios a lo largo de los años.

“Este es un día oscuro y triste en la historia de Nueva Zelanda como sociedad y como estado. Deberíamos haberlo hecho mejor y estoy decidido a hacerlo”, dijo el primer ministro Luxon en una conferencia de prensa.

Como parte de su declaración pública, el gobierno afirmó que el abuso infantil en el hospital Lake Alice fue tortura.

“Lo que vivieron los supervivientes fue profundamente inquietante. Es reprobable que esto haya ocurrido en Nueva Zelanda. Quiero agradecer a los supervivientes de Lake Alice por su determinación de garantizar que lo que sufrieron saliera a la luz. Lamento que haya tardado tanto en reconocer la tortura”, recalcó el primer ministro.

“Está claro que los tratamientos no se administraron por ningún motivo médico. Fueron utilizados para el castigo y el control emocional mediante el terror. Es más que desgarrador”, planteó por su parte Erica Stanford, la ministra responsable de coordinar la respuesta por la investigación que constató que en el hospital en particular se aplicaron descargas eléctricas sin anestesia e inyecciones dolorosas e inmovilizadoras de paraldehído.

“Muchos de los supervivientes de Lake Alice tienen una salud frágil y algunos han fallecido. A sus familias y a los whānau, lamento que no estén aquí para escuchar al Estado admitir lo que deberíamos haber hecho hace muchos años. Por eso era tan importante que el Gobierno hiciera este anuncio hoy para que finalmente podamos reconocer lo que vivieron estos sobrevivientes”, agregó la ministra.

Líderes civiles y religiosos encubrieron los abusos

El informe constató también que los riesgos de abuso estuvieron particularmente presente entre los miembros de la comunidad indígena maorí y las personas con discapacidades físicas o mentales.

“Muchos sobrevivientes fueron agredidos sexualmente, violados y obligados a realizar actos sexuales. Los abusos sexuales se utilizaban para castigar e intimidar”, indicó el informe.

Además, se reveló que líderes civiles y religiosos encubrieron los abusos trasladando a los perpetradores y desconociendo los alegatos. “Por la noche, las monjas me desnudaban, me ataban a la cama boca abajo y me golpeaban con un cinturón con hebilla. Me cortó la piel hasta que sangré y no pude sentarme durante semanas”, dijo una mujer en uno de los testimonios del informe oficial según consta en Reuters.

En medio de toda esa acción, a lo largo de las últimas siete décadas fallecieron múltiples víctimas que nunca recibieron justicia y el gobierno ahora asegura que evaluará los caminos a seguir para compensar, realizando además reformas para evitar que ocurran este tipo de casos.

“Es una vergüenza nacional que cientos de miles de niños, adolescentes y adultos hayan sido abusados y abandonados mientras estaban bajo el cuidado del Estado y de instituciones religiosas”, remarca la investigación.

Entre las recomendaciones que realiza el informe, no solo está la solicitud de que el gobierno de Nueva Zelanda entregue disculpas públicas, sino que también estas sean realizadas por parte del Papa Francisco I, líder de la iglesia católica, y el arzobispo de Canterbury Justin Welby, jefe de la iglesia anglicana.

Al mismo tiempo, se espera que existan compensaciones económicas, pero por ahora no hay nada estimado al respecto.