Más de 550 trabajadores del holding Pullman Bus denunciaron que la empresa lleva desde 2022 descontando sus cotizaciones previsionales sin pagarlas, dejándolos sin cobertura médica, jubilación o acceso a créditos.

De acuerdo a los empleados, la crisis comenzó tras el fallecimiento del fundador del holding, Pedro Farías Soto, en 2021. Desde entonces, denuncian un deterioro progresivo en las condiciones laborales y operativas de las distintas sociedades que componen el grupo.

Máquinas envejecidas, buses embargados, falta de mantención, retrasos reiterados en el pago de sueldos y una reducción significativa de personal serían algunas de las disfuncionalidades que estaría teniendo la empresa de buses.

Sin embargo, aseguran que el punto más grave es el no pago regular de cotizaciones previsionales de salud, pensión y seguros.

“Detrás de cada bus que recorre las rutas de nuestro país hay un trabajador que ha cumplido con su labor esperando que su empleador cumpla con la ley. Hoy, los más de 550 socios del Sindicato Interempresa de Pullman Bus alzamos la voz ante una injusticia que golpea lo más profundo de nuestras familias: la apropiación de nuestros fondos de salud y jubilación”, comentó para Biobío Chile Christian Gutiérrez, el abogado del gremio.

Una querella por casi $20 mil millones

Luego de que el fundador de Pullman Bus falleciera, la participación del grupo se dividió en partes iguales entre sus hijos Luis Pedro Farías Quevedo y Rocío Farías Quevedo.

Precisamente contra ellos apunta una querella presentada por el sindicato de trabajadores, donde se acusa a los representantes legales de una presunta apropiación indebida.

En el documento se detalla que, aunque la empresa habría descontado mes a mes los pagos correspondientes a salud, pensiones y seguros, ese dinero no habría sido transferido a las isapres, Fonasa, AFP o AFC de ninguno de los trabajadores.

En un inicio se habló de un perjuicio cercano a los $10.000 millones. Sin embargo, en conversación con el medio anteriormente mencionado, el abogado del sindicato aseguró que, sumando intereses y multas, el monto ascendería a $19.898.587.749, cifra que —según indicó— supera ampliamente las 400 UTM y podría implicar las penas más altas que contempla el artículo 467 del Código Penal.

Esta situación también fue expuesta en una demanda por tutela laboral presentada en septiembre de 2025. En ese recurso se señala que, pese a que en 2021 la empresa se comprometió a declarar y pagar correctamente las cotizaciones previsionales, aquello no se habría cumplido.