Tres empresas aseguradoras de Estados Unidos enviaron una carta al presidente Gabriel Boric advirtiendo sobre la reforma de pensiones, aduciendo que tendría un efecto expropiatorio e incluso amenazan con medidas que podría tomar el mandatario norteamericano, Donald Trump.

Según consigna La Tercera, tres aseguradoras que son controladoras de AFP en Chile afirman que la reforma de pensiones vulneraria el Tratado de Libre Comercio con EEUU e incluso amenazan que el presidente de EEUU, Donald Trump, podría tomar represalias.

“Chile ha construido una reputación bien merecida como un socio confiable comprometido a honrar los tratados internacionales, incluido el Tratado de Libre Comercio entre EEUU y Chile. Sin embargo, la reforma de pensiones propuesta no solo socava esos compromisos, sino que también crea ventajas injustas para los nuevos participantes del mercado a expensas de los inversores estadounidenses, amenazando la posición de Chile como un destino confiable y estable para la inversión extranjera”, parte la misiva.

“A medida que la Administración del Presidente Trump comienza su amplia revisión de los acuerdos comerciales, es importante que estas acciones y sus implicaciones sean plenamente comprendidas por los líderes estadounidenses”, añaden las empresas norteamericana.

En la misiva las aseguradoras Principal (AFP Cuprum), Metlife (AFP Provida), y Prudential (AFP Habitat), apuntan a que medidas como la licitación bienal o que el Instituto de Previsión Social colabore con nuevas administradoras, tienen carácter de expropiatorio y de trato injusto.

“La propuesta de obligar a una licitación bienal de afiliados de pensiones constituiría una expropiación de inversiones significativas de EEUU en Chile, y una violación de la obligación de Chile de otorgar un trato justo y equitativo a los inversores estadounidenses, entre otras violaciones del derecho internacional. Además, la propuesta de permitir que el Instituto de Previsión Social, de propiedad estatal, proporcione funciones auxiliares a los nuevos administradores de pensiones constituye un trato injusto para los incumbentes que han realizado inversiones significativas en las últimas décadas en su operación e infraestructura”, señalan las empresas.

“La medida otorgaría a los recién llegados una ventaja competitiva en costos e inversión. Además, el reciente anuncio de la Ministra del Trabajo de incluir a un inversor público, financiado por el Estado, afectaría aún más a los administradores de pensiones incumbentes al crear condiciones de mercado injustas”, agregan.