Esta semana el Presidente de la República, Gabriel Boric está protagonizando una nueva polémica luego de que se filtraran escuchas de conversaciones entre el Ejecutivo Josefina Huneeus, exesposa del fundador de la Fundación Procultura, Alberto Larraín. En medio de la investigación por el Caso Convenios se revelaron diálogos del círculo político del mandamás, el Frente Amplio compartió un comunicado refiriéndose a las imputaciones que salpicaron a la colectividad.

Sobre la presunta deuda millonaria del timonel del FA “por el Apruebo que se rechazó”, desde el partido señalaron que “no existe ningún indicio que vincule al partido financieramente con la fundación investigada”.

“Todas las cuentas partidarias y de campaña han sido debidamente revisadas y aprobadas por el Servel, y la información ahí contenida es de carácter público. Lo difundido, por tanto, tiene como finalidad instalar la sospecha sólo en base a la existencia de vínculos personales y conversaciones informales”, partieron señalando.

Además apuntaron en contra el fiscal a cargo de la investigación contra ProCultura, Patricio Cooper, debido a las escuchas telefónicas al Presidente Boric, señalando que “replica una estrategia judicial que parece haberse vuelto en una práctica recurrente”.

Desde el partido agregaron que la investigación del fiscal “basada en la instalación de información parcial y discrecional a través de la prensa”, tiene como finalidad “desprestigiar al Presidente y generar dudas infundadas sobre una causa que, según el propio tribunal, no lo involucra”.

“Escuchar ilegalmente las conversaciones de terceros constituye espionaje y atenta directamente contra la libertad individual de las personas”.

“Espionaje con fines políticos”

Sobre la escucha de una conversación de Huneeus, el Frente Amplio se quejó asegurando que “al no estar imputada en la causa, la interceptación de la comunicación de Josefina Huneeus es ilegal y esta debió haber cesado una vez que se constató que el teléfono era de su propiedad”.

“Resulta grave que se haya intentado pinchar el teléfono de la máxima autoridad de la República en dos ocasiones, sin fundamento suficiente, lo que queda demostrado con el rechazo por parte del Juzgado de Garantía por falta de antecedentes fidedignos. Esto resulta gravísimo, atenta contra la democracia y las instituciones”, agregaron.

“La magnitud de las interceptaciones más de 42 teléfonos intervenidos, incluidas conversaciones de 2022 pinchadas a fines de 2024- no responde a una auténtica búsqueda de pruebas, sino que parece más bien una estrategia de espionaje con fines políticos, que rechazamos categóricamente, y que no solo daña a personas en específico, sino que a toda la institucionalidad del Ministerio Público y a nuestra democracia“, cerraron desde el FA.