La Contraloría General de la República descubrió una entrega generalizada de permisos de circulación irregulares al interior de la gran mayoría de las municipalidad del país. En buena parte salieron beneficiados los propios funcionarios y sus familiares.

En un informe publicado este lunes, el ente contralor constató que 322 de los 345 municipios del país (93%) otorgaron un total de 146.469 permisos de circulación irregularmente, entre 2022 y 2025, pues mantenían multas impagas.

De acuerdo a la ley, los vehículos que registren multas de tránsito anotadas al 30 de noviembre de un año e impagas al momento del trámite en marzo del año siguiente, no podrán renovar su permiso de circulación a menos que cancelen dichas multas simultáneamente.

Así, entre las comunas con más permisos de circulación otorgados a vehículos con multas, vulnerando la normativa, se encuentran Santiago (7.356 casos), Estación Central (6.924), Providencia (5.727), Maipú (5.124) y Ñuñoa (3.920).

Un caso que llamó la atención ocurrió en Quilicura, donde el municipio renovó el permiso a un vehículo que al momento del trámite contaba con 240 multas vigentes. Otro caso se dio en Santiago, donde se renovó a un coche con 149 multas.

Funcionarios y familiares beneficiados

El informe de la Contraloría también advirtió eventuales conflictos de intereses, ya que se detectaron 1.172 casos de renovación de permisos a funcionarios del mismo municipio teniendo multas vigentes y otros 7.378 casos en que familiares de funcionarios accedieron al trámite en la misma condición.

En detalle, 125 municipalidades renovaron irregularmente los permisos a 1.172 funcionarios. Mientras que 187 municipios lo hicieron a 7.378 familiares de funcionarios de la misma municipalidad.

Por otro lado, hubo 62 entidades edilicias que renovaron 497 permisos ilegalmente a personas infractoras del Transantiago. Allí, figuran la Municipalidad de Santiago, que otorgó entre 2022 y 2025, un total de 57 permisos. Le sigue Maipú (49), Renca (31), La Florida (22) y La Pintana (22).

Tras lo detectado, la Contraloría instruyó que las municipalidades involucradas inicien sumarios administrativos para evaluar eventuales responsabilidades administrativas.

Asimismo, en aquellos casos en que existe la posibilidad de que se haya cometido delito los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público.