La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, seguirá con arresto domiciliario total, al menos hasta fines de octubre. En su audiencia de reformalización, querellantes insistieron en enviarla a prisión preventiva, sin embargo, deberán esperar.

Durante la mañana de este viernes, la exMekano fue reformalizada por la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, para precisar los hechos que a su juicio constituirían los delitos reiterados de fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

A nueve meses de ser presentada por primera vez a la justicia, Barriga sigue con arresto domiciliario total, arraigo nacional y firma quincenal, medidas cautelares que no se han modificado, pese a reiteradas peticiones tanto de su defensa como de la parte acusadora.

Piden prisión preventiva para Cathy Barriga

Ahora, con los nuevos antecedentes que exhibió el Ministerio Público, tanto el Consejo de Defensa del Estado (CDE) como el abogado de la Municipalidad de Maipú solicitaron elevar la medida en contra de la imputada y que se decrete su prisión preventiva.

Eso sí, esta petición quedará en suspenso, pues el 9°Juzgado de Garantía fijó una audiencia de revisión de cautelares para el próximo 29 de octubre, a las 9:30 horas.

El abogado del municipio de Maipú, José Pedro Silva, señaló a Radio Bío Bío que consideran “que aquí lo que corresponde es que se decrete la prisión preventiva y no corresponde algún tipo de privilegio respecto de otras causas muy similares, de alcaldes que han quedado en prisión preventiva (...) A nuestro entender hay antecedentes graves y fundados que se defraudó el municipio”, remarcó.

En la audiencia, la Fiscalía realizó una precisión de los delitos imputados, donde se acusó a Barriga de crear una especie de mecanismo para el fraude de recursos públicos en su periodo como alcaldesa, además de informar cuentas públicas falseadas y falsificar estados financieros presentados a Contraloría.

De esa manera, la entonces alcaldesa habría omitido gastos multimillonarios que llevaron a un sobreendeudamiento y un enorme déficit. El perjuicio fiscal llegaría a una cifra superior a los $33 mil millones de pesos.